El togado del caso Pegasus, José Luis Calama, está tratando la investigación como un delito que afecta al interés universal y no meramente al de la intimidad por el hecho de que los datos que fueron sustraídos con el software israelí afectaron a contenidos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros miembros del Ejecutante.
De esta forma, el magistrado de la Audiencia Franquista rechaza la pretensión del Gobierno, que a través de la Leyes del Estado, pretendió que se impidiese la personación de una imputación popular, la Asociación de Juristas Europeos Prolege.
En un coche, el titular del Audiencia Central de Instrucción número 4 explica que la entusiasmo popular es la figura con la que cuenta el ciudadano para participar en la filial de rectitud y luego "una manifestación del principio demócrata".
Calama explica que si los hechos investigados solo tuvieran el título de privados, la entusiasmo popular, al igual que la Fiscalía, no podría participar. Sin confiscación, no es este caso.
Según el togado, en este asunto ni siquiera se puede departir de delitos semipúblicos, en los que hay diferencia de opiniones sobre el derecho de personación de la imputación popular. "No nos encontramos en presencia de tal dilema, pues el delito investigado no solo afecta al adecuadamente legal intimidad y autodeterminación informativa, sino incluso a los intereses generales", advierte.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles
Calama explica que en este asunto está afectados “altos organismos de la Nación y forma de Gobierno”, que es precisamente el hecho que fundamenta la competencia de la Audiencia Franquista, y luego no puede entenderse como hechos privados.
Informaciones que afectan a la Defensa Franquista
Por otra parte, en el caso de la exfiltración del teléfono de Margarita Robles, el togado recuerda que se podría acontecer cometido un delito de “descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Franquista, cuya naturaleza pública es indiscutible."
Por estos hechos, el togado citó a resolver como declarante al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien comunicó en una rueda de prensa el robo de información de miembros del Gobierno, entre ellos el propio presidente, y la presentación de una denuncia por parte de la Leyes del Estado.
Bolaños rechaza resolver de forma presencial y telemática
Bolaños estaba citado a resolver para este martes día 5. Sin confiscación, se acogió a su derecho, como miembro del Ejecutante, de replicar a las preguntas por escrito. Calama le ofreció la posibilidad de resolver por videoconferencia en una momento que le facilitara su agricultura como ministro y "no alterar las funciones inherentes a su cargo". Bolaños no contestó a este final ofrecimiento por lo que el togado mantiene la opción de la respuesta por escrito.
El magistrado explica en una resolución que el declarante ha dejado precluir el indicado plazo sobre la opción de realizar una videoconferencia "sin efectuar manifestación alguna al respecto" por lo que tal postura, dice el togado, le aboca a practicar la manifiesto por escrito y “nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los existencias de prestar manifiesto testifical a través de videoconferencia, y por ratificada en igual forma su intrepidez de acogimiento al privilegio procesal establecido" en la ley de proceso criminal.
Tras optar Bolaños a replicar por escrito, Calama ha entregado un plazo de tres días a la Fiscalía y a la Leyes del Estado para que presenten un pliego de preguntas y poder trasladárselas al ministro de la Presidencia.
En el situación de esta investigación y mientras ha permanecido secreta, Calama tomó manifiesto como testigos el pasado viernes a la exdirectora del CNI Paz Esteban -cesada tras este espionaje- y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre este asunto.
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