La intensidad reglamento de la primera fracción de la sesión y la diligencia exigida por las sucesivas crisis planetarias –singularmente la pandemia pero incluso la invasión rusa de Ucrania–, plasmada en la miríada de decretos del Gobierno, han hecho que muchos dieran por seguro que el tramo final de la sesión sería mucho menos activo. Despachado lo urgente, quizá se pueda procrastinar con lo importante. Pero todo es volátil –en un periquete el PP ha cambiado de líder y las encuestas han bendecido la salida de Pablo Casado, fulminado tras denunciar corrupción en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso– y, con el debate sobre el estado de la nación como punto de desvío, el presidente Pedro Sánchez ha decidido imprimir velocidad y avidez a lo venidero. En la dietario legislativa de la coalición hay transformaciones estructurales pendientes, sobre todo en términos de regeneración democrática, delante los ostensibles síntomas de anquilosamiento. En el dilema perestroika o restauración –un concepto de Jaime Miquel defendido por Iván Claro en estas páginas–, Sánchez, que en el congreso del PSOE apuntaba restauración, hoy acento como un representante de la perestroika.
La más obvia medida de regeneración es la prometida derogación de la ley mordaza , seudónimo de la ley de Seguridad Ciudadana del ministro Jorge Fernández Díaz con la que el PP quiso interrumpir el acción directa callejero desencadenado a partir del 2011. Frenar el alboroto del 15-M y del procés reduciendo derechos civiles y políticos. Criticada hasta por la ONU, la ley mordaza ha sido uno de los caballos de batalla de la izquierda, pero su derogación ha topado con la resistor de Interior y de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hoy controlados por sindicatos de ultraderecha.
Durante los meses pasados, parecía que el PSOE había renunciado, pero esta reforma integral de la ley de Seguridad –tenga o no el efecto de una derogación– tiene un nuevo incentivo hoy, con la reconciliación de Gobierno y Generalitat tras el escándalo Pegasus: conformidad de la armonización europea de los tipos penales de insurrección y sedición, derogar la ley mordaza puede ser secreto para sujetar la litigiosidad del procés –cientos de causas siguen abiertas–, lo que se ha aguado con el inverosímil polisílabo “desjudicializar” el conflicto. Si Sánchez se decide, tendrá el aplauso de sus socios y aliados de izquierdas, e incluso del PNV, en función de sus términos. No podrá contar con Ciudadanos, pese a su definición progresista, pues su líder, Inés Arrimadas, encabezó hace pocos meses la manifestación de los sindicatos policiales contra tal derogación.
La reforma de la ley de seguridad ciudadana puede ser secreto para encauzar la litigiosidad en torno al ‘procés’
En todo caso, la desastre de la izquierda en Andalucía parece deber impulsado al PSOE a incrementar su avidez legislativa, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, está centrado en desatascar asuntos. Al éxito de la ley de Memoria Democrática, merced a la astucia negociadora del ex secretario de Estado Enrique Santiago, sucedió el nuevo rumbo de la mesa de Catalunya. Bolaños parece tener como hoja de ruta desbloquear todo lo que heredó de su predecesora, Carmen Pelado.
El presidente Sánchez anunció durante el debate sobre el Estado de la nación que la ley de Secretos Oficiales, que los aliados parlamentarios daban por muerta –habida cuenta que el PSOE mantiene la del PNV secuestrada en comisión con un inacabable plazo de enmiendas–, llegaría a la mesa del Congreso antiguamente del fin del periodo de sesiones. El plazo no se va a cumplir pero se calma que sea de las primeras normas en entrar en la Cámara luego del verano.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó que su sección renunciaba a la reforma fiscal prometida correcto a la coyuntura, pero el nuevo tributo a energéticas y banca y el techo de compra recién pactado da a entender que algunas novedades impositivas pueden entrar en los presupuestos. El socio minoritario no da por muerta la reforma fiscal.
Aunque Hacienda no prevé reforma fiscal, los presupuestos pueden traer novedades impositivas
Desde el profesión de Igualdad, Irene Montero tiene casi cerrada su dietario legislativa, a gastos de la tramitación final de algunas leyes. La aprobación definitiva de la ley de solo sí es sí y la ley trans se prevén inminentes, mientras la ley de manejo sigue varada en Imparcialidad y las del pérdida y familias –una norma de gran efecto copresentada con Derechos Sociales– deberían durar al Congreso en breve. En Trabajo, Yolanda Díaz está a punto de rematar el acuerdo con patronal y sindicatos para la ley del becario, y pronto, el Estatuto del Trabajador del siglo XXI y la ley del Trabajo Doméstico. Pero incluso habrá pronto discusión presupuestaria del nuevo salario minúsculo, al que la inflación se le ha comido las últimas subidas. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, calma poder aprobar estos meses la ley de protección animal, mientras la norma antirracista calma el plácet socialista.
El gran debe para Unidas Podemos es la ley de vivienda, a la que el PSOE no da impulso final por desacuerdo en la avidez de las medidas de intervención. Pero con todo, el bruñido progresista de los últimos discursos presidenciales tiene de buen humor al socio minoritario. Sánchez apurará el plazo para convocar elecciones y eso le da mucho beneficio legal. Aunque incluso mucho tiempo para que pasen cosas. Una perpetuación que está por escribir.
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