El TSJC aparta a su presidente del juicio contra Torrent por dudas sobre su imparcialidad

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha apartado a su presidente, Jesús María Barrientos, del discernimiento al expresidente del Parlament y ahora conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, al ver "comprometida" su "apariencia de imparcialidad" por dejar en 2018 un acto en que el dirigente de ERC habló de "presos políticos".

Así lo ha concertado la sala de recusaciones del TSJC en un automóvil, que no se puede acudir, en el que estima la petición del exvicepresidente del Parlament Josep Costa, uno de los acusados, y aparta definitivamente de la causa a Barrientos, quien tenía que presidir el discernimiento por desobediencia que se celebrará en el detención tribunal catalán del 12 al 15 de julio próximos.

"Barrientos KO. He conseguido apartar al presidente del TSJ del discernimiento a la Mesa del Parlament. Él defendió su imparcialidad insultando y faltando al respeto, motivo por el que ayer lo recusamos por tercera vez. Sus compañeros han aceptado la recusación por unanimidad", ha celebrado Costa en un mensaje en Twitter. Además ha reaccionado Torrent. 

Catalunya

El TSJC cree que Barrientos mostró una "manifestación de rechazo" cuando se fue de un acto en el que Torrent habló de "presos políticos"

Según el TSJC, desde una "perspectiva objetiva e imparcial", el hecho de que Barrientos abandonara el 23 de febrero de 2018 un acto conocido luego de que Torrent se refiriera a la existencia de "presos políticos" en España, en sugerencia a los líderes del procés, supone una "manifestación de rechazo" que puede difundir "razonablemente dudas" en los enjuiciados y en la sociedad sobre su "apariencia de imparcialidad".

El TSJC juzgará del 12 al 15 de julio al expresidente del Parlament Roger Torrent, coetáneo conseller de Empresa, y a los miembros de JxCat y ERC entonces en la Mesa de la cámara –Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado–, por un delito de desobediencia al permitir la tramitación de resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía, por los que la Fiscalía les pide hasta un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa. 

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