Esta semana se reunirá la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Este choque expresa la voluntad política del Ejecutante de Pedro Sánchez y el de Pere Aragonès de restablecer la confianza perdida tras el caso Pegasus. El ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà han actuado como meritorios sherpas del acercamiento a posteriori de atravesar un periodo de turbulencias provocadas por el espionaje al independentismo desvelado el pasado abril. De estas reuniones previas ha saliente un documento metodológico notorio que guiará los trabajos de la mesa y que arrancan con la búsqueda de medidas para avanzar en la “desjudicialización” del conflicto catalán.
Pasados cinco abriles desde el 1-O, decenas de altos cargos de aquel Govern y muchos activistas que participaron en aquellos acontecimientos siguen teniendo comprometido su futuro lícito y personal en causas abiertas en diferentes tribunales de Madrid y sobre todo de Barcelona. Algunos se enfrentan a delitos castigados con severas penas de mazmorra y otros a sanciones que afectarán a su patrimonio personal y acostumbrado. Aunque los casos más complejos son los del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que huyeron a Bélgica, cuya situación está hoy en manos de la jurisprudencia europea.
Aun compartiendo el dictamen, el Gobierno central es prudente en presencia de la complejidad del duelo
Para el Gobierno catalán, que ha fijado la condonación como el objetivo zaguero de estas conversaciones, el refriega franco es una quimera en este ambiente. No es difícil imaginar qué significaría –incluso para la estabilidad del flagrante Govern– el encarcelamiento de algunos de estos procesados.
El Ejecutante de Sánchez rechaza de plano una condonación y se muestra prudente en presencia de la reivindicación “antirrepresiva” de los independentistas hasta el punto de que se intentó obviar en la reunión de los dos presidentes en la Moncloa hace diez días.
El Ejecutante central no quiere crear expectativas que puedan conducir a un nuevo ambiente de frustración. Es consciente de la complejidad de este propósito aun compartiendo la convicción de que muchos activistas del procés , indemne en aquellos casos, pocos, en los que se ejerció la violencia, no deberían tener terminado en presencia de los tribunales y que el problema que ahora se le plantea es el resultado de que el gobierno de Mariano Rajoy no supo o no quiso advertir una vía política para el molesto desencuentro catalán. Los indultos a los sentenciados por el Supremo responden a esa convicción.
Pero todos saben que una vez puesta en marcha la hecho de la jurisprudencia difícilmente se puede desandar el camino. Hay algunas vías, por ejemplo: modular el papel de la Derecho del Estado en las causas en las que esté presente. Más inviable parece una rectificación de la posición del servicio fiscal.
El otro camino, tal vez más prometedor, es la reforma de las leyes sobre las que se fundamenta la hecho de la jurisprudencia. Mucho se ha hablado ya de la reforma del delito de sedición, una medida que el Gobierno tuvo sobre la mesa pero que no ha llegado nunca al Congreso de los Diputados. En la entrevista que publicábamos ayer, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, apuntaba incluso a la reforma de algunas otras leyes y entre ellas la emplazamiento ley mordaza , una norma que ha sido cuestionada por el propio Consejo de Europa.
En cualquier caso, el buen propósito político que persiguen estas conversaciones debería tener siempre presente que vivimos en un tiempo en el que la relativización del valía de la ley es un problema extendido. De hecho, a medida que se van conociendo más interioridades del enfrentamiento entre el Estado y los independentistas, más queda acreditado que este mal estuvo presente en entreambos bandos del conflicto. Ahora, cualquier acuerdo debe transitar sobre el compromiso de un respeto preciso por parte de todos a las reglas del esparcimiento.
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