Una decena de soldados de uniforme verde camuflado, cascos de pugna y enormes ametralladoras esperaban delante de las oficinas de la estructura indígena Univaja, en Atalaia do Boreal, en la Amazonia brasileña.
Pero la protección duró solo unas horas. Fue un despliegue puntual de seguridad para la delegación de cuatro senadores y ocho diputados miembros de la comisión que investiga el crimen el pasado 5 de junio del defensor de derechos indígenas Moreno Pereira y el periodista Dom Phillips. Habían llegado en helicóptero desde el aeropuerto de Tabatinga, en la emplazamiento Triple Frontera de Brasil, Colombia y Perú.
Tristeza.Alessandra Sampaio, en el centro, abraza a su cuñada, Sian Phillips, tras musitar a la prensa durante el funeral de su hermano Dom
Esa tarde volverían a Brasilia y los indígenas, principalmente de las etnias Marubo, Matís y Kanamary, de la enorme reserva Vale de Javari se quedarían expuestos una vez más a la violencia endémica en esta zona remota de la Amazonia brasileña. “La brutalidad contra Moreno y Dom ya existía antiguamente de esta tragedia; no es una cuestión aislada; todos los activistas aquí estamos amenazados”, manifestó un portavoz Marubo de Univaja –la Unión de los Pueblos Indígenas del Vale do Javari–, la oenegé para la que trabajaba Pereira.
Desenlace horrible. El 15 de junio, se cumplieron los peores pronósticos y la policía federal halló los cuerpos sin vida de los dos desaparecidos
Siquiera quedaban ya muchos de los periodistas nacionales e internacionales que, durante los días de la búsqueda de los cadáveres, habían llegado en masa a Atalaia do Boreal generando ingresos efímeros para los taxistas que van y vienen desde el puerto de Pequeño Constant, conectado a Tabatinga por un servicio de lanchas colectivas que recorren el inmenso río Amazonas y su confluente el Javari.
Cuando La Vanguardia llegó a la zona la primera semana de julio, todo volvía a la precaria normalidad de una región medio abandonada por el Estado donde la vida vale muy poco y el filtración de muertos de indígenas y sus defensores no termina.
La enorme dominio de conservación indígena, de 85.000 kilómetros cuadrados –una superficie casi igual que Portugal–, donde se encuentra el veterano número de indígenas sin contacto del mundo, convive con una bienes delincuente de contrabando, saldo de carne de especies codiciadas, como la tortuga amazónica o el enorme pez pirarucu, la caza ilícita, la linaje de madera preciosa, la minería ilegal de oro y diamantes y el narcotráfico. Muchas de estas actividades ilegales ocurren interiormente de la reserva Vale do Javari y en el río Itaquai, donde Pereira y Phillips fueron asesinados a tiros de un rifle de caza.
En este oeste salvaje de la Amazonia brasileña, los ataques contra los escasos puestos de vigilancia de oenegés, como Univaja, e instituciones federales, como la Fundación Doméstico del Indio (Funai), son frecuentes. Los asesinatos de trabajadores y voluntarios, además. Hace tres abriles, el funcionario de la Funai Maxciel Pereira da Silva fue asesinado delante de su mujer y chaval tras realizar una investigación sobre la caza ilegal en la reserva. El crimen no causó un impacto tan esforzado en los medios internaciones como las muertes de Pereira y Phillips. Pero la viuda de Maxciel Pereira da Silva, que ahora vende pasteles en el centro de Torre albarrana do Boreal, no ha sido indemnizada. “No he recibido ni ayuda psicológica”, dijo en una conversación desde la ventana de su tienda. Nadie fue detenido tras la asesinato de su marido.
El atlas.En la oficina Univaja de Atalaia un indígena marubo señala donde se hallaron los cadáveres
Los presuntos asesinos de Pereira y Phillips detenidos el mes pasado son pescadores ilegales. Pero se sospecha que detrás está el narcotráfico. Ya se ha detenido un comerciante de pescado apodado Colombia con presuntos vínculos a narcotraficantes nacido al otro costado de la frontera, en Leticia (Colombia), que se sospecha que puede ser el autor intelectual del crimen.
Por eso, cuando dos colombianos visitaron las oficinas de Univaja y la Funai en Atalaia‚ la semana pasada, y preguntaron sobre la asesinato de Pereira y Phillips, “se generó un pánico”, dijo un funcionario de la fundación, citado en medios locales. “Olían a trinque”, dijo otro. La oficina de la Funai en Atalaia acaba de cerrar sus puertas al conocido ya que “hay una sensación de estar expuestos (..) y un peligro vivo de actos de violencia física”, según el comunicado oficial.
Un portavoz de Univaja subraya que “todos los activistas aquí estamos amenazados”
La Triple Frontera siempre ha sido un cruce de actividades ilegales. Pero, desde que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, en el 2019, lo ilegal cuenta con la panorámica gorda del mayor poder. Bolsonaro se opone a las demarcaciones de tierras indígenas y da constantes guiños a cazadores, pescadores y mineros ilegales.
Al mismo tiempo, todas las instituciones de protección medioambiental, desde la Funai –creada durante la dictadura marcial (1964-84) para velar por los intereses del millón de indígenas brasileños–, hasta el instituto de protección medioambiental Ibama, han sido privados de fondos y purgados de técnicos cualificados, entre ellos Moreno Pereira.
Tras ser defenestrado hace tres abriles de la Funai, Pereira se había dedicado a combatir, a través de Univaja, las invasiones de la reserva indígena por pescaderos, cazadores, madereros y mineros ilegales, muchos con vínculos al narcotráfico.
Recogía pruebas de los delitos –a veces usando drones– y los denunciaba en la comisaria federal en Tabatinga. Recibía constantes amenazas de grupos delincuentes. “Moreno estaba haciendo el trabajo que antiguamente habría hecho la Funai, Ibama y la policía federal”, dijo otro catalogador indígena Marubo, vinculado al Univaja.
Según un documentación del Instituto Socio Financiero, el desmantelamiento de la Funai es tal que hay más puestos vacíos en su plantilla –2.300– que funcionarios empleados. Bolsonaro ha conocido una serie de presidentes, nadie preparado para el trabajo, cesados según el escándalo del momento. El flagrante, Marcelo Xavier, se somete a presiones para que dimita tras su reacción a la desaparición de Pereira y Phillips: en un tuit los acusaba de activo cometido un delito al entrar en la reserva indígena sin permiso (en ingenuidad, se mantuvieron al beneficio del división de Vale do Javari).
Cientos de funcionarios de la Funai se declararon en huelga el mes pasado y pidieron la destitución de Xavier. Pero Bolsonaro se hizo eco de las declaraciones del presidente de la Funai al culpar a Pereira y Phillips de “lanzarse a la aventura”.
Paradójicamente, mientras la Funai ha sucio sus responsabilidades de protección y seguridad, la reincorporación burocracia de la estructura federal se ha militarizado en los abriles Bolsonaro. Solo dos de los 39 directores de oficinas regionales de la Funai son funcionarios especializados mientras que 19 son oficiales de las Fuerzas Armadas y dos son policiales federales, entre ellos el presidente.
“Moreno y Dom son dos de las numerosas víctimas de un modus operandi basado en la negligencia deliberada del Estado”, dijo Fabiano Contarato, uno de los congresistas que visitaron Atalaia do Boreal. No son los únicos. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 109 indígenas fueron asesinados en el 2021 en enfrentamientos con invasores de sus tierras en la Amazonia brasileña. Hubo 27 intentos de asesinar, 132 amenazas de asesinato, 75 agresiones y 13 instancias de tortura.
Pereira y otros técnicos ya habían pulido un plan de restablecimiento de las medidas de seguridad para indígenas y sus defensores. “Todos los problemas se habían documentado. (...) Todos los riesgos provocados por el debilidad de las bases de la Funai eran conocidos. Tristemente no se hizo nadie”, se lamenta en un documentación procesal mandado esta semana al presidente de la Funai.
Todos coinciden en afirmar que el perjudicial confeso “es un tipo frecuente, regular, congruo escaso”
En Atalaia do Boreal muchos tienen miedo a musitar. Nadie se fía del otro en comunidades que viven a diario con la ingenuidad del crimen. La policía sospecha que el perjudicial confeso de Pereira y Phillips, un pescador conocido como “El Pelado”, que vivía en la orilla del río, trabajaba para el ya detenido supuesto narcotraficante “Colombia”. En la comisaria de este pueblo de 20.000 habitantes, donde “El Pelado” permanece encarcelado, los policías se negaron a contestar preguntas. Mientras, en los pueblos de la orilla del río pocos hablaban mal de “El Pelado”. En tres ocasiones durante conversaciones con personas que viven por la zona se repetía la misma descripción del perjudicial confeso: “Es un tipo frecuente, regular, congruo escaso”.
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