Manolo Mata, exsíndic socialista y abogado del patrón Jaime Febrer, ha presentado dos posibles frente a el supremo que investiga el conocido como caso Azud en el que solicita el archivo de las diligencias y que se destruyan los documentos, como correos electrónicos, que forman parte de la instrucción, según los textos consultados. Considera que todo lo investigado en esta alcoba separada ya estaba en la principal y que esta alcoba es "el tipo de la prospectividad".
El erudito razona que esta alcoba se abrió en colchoneta a "la probabilidad" de que se haya cometido delitos por personas que tenían relación en 2006, 2007 y 2008 por activo mantenido contacto en 2019, y se adoptan medidas "tremendamente invasivas sin ayudar las exigencias de proporcionalidad", como el golpe a correos o mensajes de muchas personas "desde tiempo inmemorial a la ahora".
El erudito critica que se adoptan medidas "tremendamente invasivas sin ayudar las exigencias de proporcionalidad"
En el caso Azud se investiga una trama de corrupción vinculada principalmente al Comunidad de València, con el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, como principal actor; y la alcoba 7 se centra en el PAI 'El Espartal' de la asiento de Jijona (Alicante), del que Febrer fue promotor en 2005, y en la coartada de la existencia de posibles hídricos a través de Acuamed. Es en esta alcoba donde están imputados varios exdirigentes del PSPV y que se fundamenta en los apuntes que la UCO de la Guardián Civil encontró el la taco del que fuera secretario de Finanzas de la pacto socialista valenciana, Pepe Catalunya.
El erudito valora que la intrepidez de la instructora de conocer "todos los datos de todo tipo de dispositivos sin que se investigue ningún delito cometido en esas fechas recientes" supone "revelar los secretos de la intimidad personal de los investigados, que absolutamente ausencia tienen que ver con las pretendidas actividades delictivas, pudiendo afectar bajo e irrevocablemente sus derechos fundamentales".
Asimismo señala que las investigaciones "prospectivas están expresamente vedadas y, lamentablemente, las estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana desde 2016", al tiempo que lamenta que "hoy la fuerza pública, en instrucciones desbocadas, ha accedido a toda la vida digital de centenares de personas y de decenas de empresas". "Gracias a Dios, los tribunales superiores ponen veto a la mayoría de esas investigaciones invasivas, pero su ejecución y dosificadas filtraciones hacen un daño sin remedio", añade.
El erudito valora que la intrepidez de la instructora de conocer "todos los datos de todo tipo de dispositivos sin que se investigue ningún delito" supone "revelar los secretos de la intimidad personal de los investigados"
Manolo Mata señala a la sentenciador que si para acechar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación o falsedad documental acaecidos en 2007-2008 , "que no delito electoral o financiación ilegal de ningún partido", se investiga a personas que en aquella época "carecían de cualquier responsabilidad, estamos frente a una incumplimiento de derechos fundamentales".
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