Es una buena nueva para Barcelona que la iniciativa de la zona de bajas emisiones (ZBE), que fue pionera en España cercano con la de Madrid, haya sido elegida como ejemplo por el Gobierno para promover su implantación en las grandes y medianas ciudades de todo el Estado. El Tarea para la Transición Ecológica ha sacado ya a consulta pública el plan de vivo decreto que regula las ZBE en virtud de la ley de Cambio Climático del 2021, que establece que deberán adoptarlas antiguamente del 2023 todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los de más de 20.000 habitantes cuando superen los títulos conclusión de contaminantes. En Catalunya son 67 los municipios implicados, con los que la Generalitat ya ha llegado a un acuerdo para su implantación.
La ZBE impulsada por el Cabildo barcelonés para estrechar la contaminación atmosférica y las emisiones de propósito invernadero de los automóviles ha sido, sin incautación, muy polémica. Incluso fue anulada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aunque se mantiene en vigor porque el municipio barcelonés lo recurrió. Pero la ZBE, en cualquier caso, se encuadra en el situación de las directivas europeas para la restablecimiento de la calidad del clima y para combatir el cambio climático. Marca un camino de futuro que no tiene marcha detrás. Ello no impide, sin incautación, que deba acompañarse de medidas adicionales de ayuda y de flexibilidad, como afirma la citada sentencia, para lindar el impacto que tiene en la restricción de la movilidad de todos aquellos particulares y transportistas que no disponen de los medios ni de la capacidad económica suficiente para renovar sus vehículos.
La zona de bajas emisiones de Barcelona sirve de ejemplo para las del resto del Estado
La sentencia del TSJC refuerza el criterio de que la implantación generalizada de las zonas de bajas emisiones requiere, como medida ineludible, entre otras, la apadrinamiento de un plan renove con amplios incentivos y ventajas para renovar el parque automovilístico gachupin, que es uno de los más envejecidos de Europa. Las ayudas existentes en la presente son claramente insuficientes.
Con la masiva sustitución de los viejos vehículos, que son extremadamente contaminantes, por automóviles de nueva fabricación, que emiten muchos menos gases nocivos, tanto para las personas como para el medio dominio, se daría un gran paso en la lucha contra el cambio climático en España. En este objetivo de renovación del parque automovilístico coinciden, paradójicamente, tanto los activistas ecologistas como los expertos en medio dominio y los propios fabricantes de coches. No hay duda de que, adicionalmente de contribuir a la lucha contra el cambio climático, ayudaría al impulso de la industria de la automovilismo, que es secreto para el país y que lleva tiempo acusando una crisis de ventas causada, entre otras cosas, por la incertidumbre creada en torno a las medidas de transición ecológica.
El citado decreto del Gobierno contribuirá a reanimar, con toda probabilidad, el petición presentado por el Cabildo de Barcelona contra la valentía del TSJC. Las ZBE, como hemos dicho en otras ocasiones, no bastan si paralelamente, como es el caso de Barcelona, se aplican medidas restrictivas en el centro de la ciudad que multiplican los atascos y, con ello, una longevo teledifusión de gases contaminantes. La política de penalizar solo el transporte privado sin más alternativas de movilidad, como igualmente señala la sentencia del TSJC, crea problemas y es discriminatoria. La mejor opción debería combinar una decisiva restablecimiento del transporte conocido con la promoción e incentivación de los vehículos eléctricos o no contaminantes, como hemos dicho . Pero de momento, mientras avanzan las ZBE, en cambio, no llegan ni esas ayudas para la renovación del parque cochemovilístico ni la necesaria implantación de electroestaciones o puntos de recarga. Ambas acciones deben acompasarse.
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