Boris Johnson no logra quitarse el partygate de encima. La Cámara de los Comunes ha decidido investigar si el primer ministro anglosajón mintió al Parlamento al afirmar categóricamente que no hubo fiestas ilegales en Downing Street durante la pandemia y que no se violaron las normas del distanciamiento social. Si los diputados concluyen que tergiversó la ingenuidad de lo ocurrido de una modo deliberada, lo más probable es que se vea obligado a dimitir.
Johnson se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en India, cuando los Comunes aprobaron la moción presentada por el Labour sin privación tan siquiera de una votación. Fue un duro guantazo para el líder conservador, que había intentado imponer a rajatabla la disciplina de partido y obligado a todos los diputados tories a sufragar contra la iniciativa, bajo amenaza de expulsión. Pero, como en anteriores ocasiones, sus propios soldados se amotinaron.
La supervivencia de Johnson dependede la diferencia entre “informar mal” o mentir con descaro
El premieres un superviviente desnarigado, firme creyente en que si uno se aferra a la apero, al final el huracán pasará y seguirá en su sitio. Es una táctica que le ha funcionado aceptablemente a lo dadivoso de su carrera. Sin ir más acullá, estaba contra las cuerdas en el partygate cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania de la modo más oportuna para sus intereses, abriendo las puertas al argumento de que una cruzada en comarca europeo –y sus bienes secundarios sobre el coste de la energía y la inflación– no es el mejor momento para un cambio de líder.
Boris Johnson ha sobrevivido hasta ahora al hecho de convertirse en el primer dirigente del país castigado por violar la ley en el gimnasia de su cargo (ha recibido ya una aprobación de 60 euros de Scotland Yard por participar en su propia fiesta de cumpleaños durante la pandemia), convenciendo a suficientes diputados y votantes de que en ingenuidad es como una multa de aparcamiento, o como mucho por saltarse un semáforo o exceso de velocidad. Poco que no está aceptablemente, pero siquiera es para ponerse las manos a la capital, le puede advenir a cualquiera.
Pero mentir al Parlamento es mucho más serio, y ahí sí que tendría que apelar a todas sus dotes de prestidigitador para evitar la caída. Los Comunes decidieron poner el asunto en manos de un comité de siete miembros que se encarga de supervisar el código de conducta, y castigar a quienes lo incumplen. Su presidente, el socialista Chris Bryant, se ha recusado a sí mismo por sus duras críticas públicas al primer ministro, que podrían poner en cuestión su imparcialidad. De modo que la investigación correrá a cargo de seis diputados (cuatro de ellos conservadores), y estará presidida por un fanático partidario del Brexit y euroescéptico furibundo, Bernard Jenkins.
La mayoría tory y el hecho de que el proceso no comenzará hasta que no haya concluido la investigación de Scotland Yard (que seguramente le impondrá más multas) juega a privanza de Johnson, pero no así el hecho de que el comité se caracteriza por su neutralidad no partidista con el fin de preservar los estándares éticos en el poder constitucional. Su suerte siempre ha dependido de las huestes tories , de si determinan que tienen más posibilidades de aventajar las próximas elecciones y librar sus escaños sin Boris que con Boris. Un sumario que todavía está irresoluto de resolución.
Johnson va a intentar persuadir al comité de que puede suceder “informado mal al Parlamento”, pero no de una modo deliberada. La esencia de todo va a estar en la intencionalidad. En si los investigadores aceptan que las declaraciones del primer ministro en relación con las fiestas fueron simples errores involuntarios, o si mintió como un bellaco con tal de librar el propio pellejo.
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