La decana del Colegio de Abogados de Mataró (ICAM), María Pastor, llevó en presencia de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la protesta para modificar la ley española que impide una función rápida en presencia de este tipo de delitos.
Pastor, en su exposición, criticó la “impunidad” con la que actuan los ocupas en España, lo que ya se considera “uno de los mayores problemas sociales y económicos” que hay en la contemporaneidad, destacando que hay grupos organizados que “actúan de forma planificada” con finalidades económicas, lo que todavía se conoce como las mafias de la ocupación.
La petición, presentada todavía por el colectivo Ciudadanos Europeos en Mataró, pedía a la Comisión Europea que investigase las ocupaciones en el Estado y realizase las correspondientes recomendaciones con “acciones correctoras” a las autoridades españolas.
Catalunya es la comunidad autónoma más afectada por esta modalidad delictiva, con 3.611 denuncias durante el primer semestre del 2020. Caso paradigmático es el de la caudal del Maresme, Mataró, que durante el 2021 registró 573 ocupaciones ilegales y 192 tentativas, lo que supone una media de cincuenta usurpaciones de viviendas cada mes. Si acertadamente el Consistorio actúa con otros argumentos para desalojar las viviendas, en almohadilla a informes de sanidad o descuido de seguridad, es preciso un endurecimiento de la reglamento.
La decana del ICAM propone una modificación legislativa de la Ley de Causa Criminal para incorporar que los jueces puedan adoptar medidas cautelares de desalojo en menos de 48 horas.
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