Felipe VI hizo ayer conocido su patrimonio, en lo que supone un examen de transparencia sin precedentes. Así pudimos enterarse que posee 2.573.392 euros. De esta cantidad, 2.267.942 euros corresponden a depósitos en cuentas corrientes o de hucha, y 305.450 a obras de arte, antigüedades o joyas personales. El Rey no posee propiedades inmobiliarias, según confirmaron fuentes del palacio de la Zarzuela. Asimismo, se precisó que el Monarca presenta anualmente su información sobre el impuesto de la renta y el de patrimonio. Sus ahorros serían, luego, el fruto de los ingresos que ha recibido a cargo de los presupuestos de la Casa del Rey en el postrero cuarto de siglo, primero como príncipe de Asturias a partir de 1998 y luego, a partir del 2014, como rey de España.
Es oportuno poner en valía este mueca verdadero. Primero, por lo que tiene de ejemplar examen de transparencia, emanado de la presidencia del Estado. Y segundo, porque se produce en una coyuntura en la que las finanzas, igualmente las que afectan a varias instituciones oficiales, abundan en opacidades y propician el cobro de comisiones con una frecuencia inquietante. Este postrero hecho tiene un intención nefasto sobre la confianza de los ciudadanos en dichas instituciones. Es difícil respetarlas cuando tan a menudo se escudan en ellas conductas éticamente reprobables, cuando no judicialmente perseguibles.
Al revelar sus ahorros, el Rey contribuye a restaurar el prestigio de las instituciones
Con su información, el Rey marca igualmente distancias con su padre, el rey emérito, que en los últimos abriles ha protagonizado sucesivas noticiero relacionadas con sus actividades económicas, desarrolladas con pretendida discreción, pero a la postre reveladas y causantes de su descrédito. Es verdad que, a principios de marzo pasado, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las tres diligencias de investigación abiertas dos abriles detrás sobre actividades económicas y negocios del emérito. Y que, luego, no habrá querella en su contra por asuntos como el de las comisiones por la concesión del AVE a La Meca a firmas españolas, el de las tarjetas de crédito opacas o el de una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Suéter. Pero igualmente lo es que todavía colean otros asuntos relativos a las cuentas de Juan Carlos I. Y lo es asimismo que todos ellos supusieron una durísima andana contra el prestigio del emérito e, inmerecidamente, de resurtida, contra la institución que encabezó.
Los servidores públicos son las personas que, al responsabilizarse su cargo, contraen mayores responsabilidades en presencia de el conjunto de la sociedad, puesto que su posición los obliga a una conducta irreprochable. Cuanto más detención es su puesto, más exquisito debe ser su comportamiento. Por ello, el intención que se produce es doblemente perjudicial cuando defraudan la confianza de los ciudadanos. Por una parte, porque eso puede tener una afectación, aunque sea indirecta, sobre el patrimonio colectivo. Por otra, porque mina la relación entre ciudadanos e instituciones. Por eso es igualmente doblemente ensalzable la valentía de Felipe VI, ya que aporta luz a la cima de la ordenamiento estatal, al desvelar su propio patrimonio, y porque contribuye a restaurar la confianza pública en unos momentos en los que ha sido maltratada por demasiados funcionarios y particulares de proceder tan torpe y descorazonador.
Las instituciones difícilmente se manchan por sí solas. Son las personas –determinadas personas– las que contribuyen, con sus actos inadecuados, a macularlas. Pero son igualmente las personas –las que exhiben una trayectoria caracterizada por la imparcialidad y la integridad– las que pueden rehabilitarlas en sobresaliente medida y devolverles el renombre del que nunca debieron estar despojadas.
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