El Consell Comarcal del Solsonès aprobará, en el pleno del próximo jueves, una estatuto reguladora de los espacios fluviales. Se establecerán medidas para proteger cinco espacios naturales: el pantano de Sant Ponç y de la Llosa del Cavall, el río de Aigua d’Ora y el de Aigua de Valls i la Ribera Salada. Hasta el momento, cada Concejo aprobaba su propia estatuto, pero ahora se dará un paso en dirección a delante para despersonalizar los criterios.
Entre otras cosas, pasarán a regular aspectos como el aparcamiento, la actividad de baño, protección de la fauna y flora o las actividades recreativas. Encima, se establecerán sanciones que podrán ascender a los 3.000 euros.
Los ayuntamientos de Clariana del Cardener, Olius, Guixers, Castellar de la Ribera y Sant Llorenç de Morunys han decidido delegar sus competencias sobre los espacios fluviales al Consell Comarcal del Solsonès. Se alcahuetería de unos lugares con títulos naturales y paisajísticos, muchos de los cuales cuentan con diferentes niveles de protección, como la Xarxa 2000, zonas ZEPA o Llocs d’Importància Comunitària.
Todos estos espacios fluviales hace primaveras que sufren problemáticas derivadas de la incorporación frecuencia de personas que los visitan durante los meses de verano y que los usan como zonas de baño y actividades ocio.
Aglomeraciones, una problemática de los parques fluviales
La aglomeración de personas se da, sobre todo, en los fines de semana y durante las recreo de verano y, según el Consell Comarcal del Solsonès, se ha convertido en “un molesto problema, tanto en el impacto que tiene sobre el medio natural, como por la misma seguridad de las personas”.
Por esa razón, desde los ayuntamientos afectados y el mismo Consell se han conocido en la falta de redactar una estatuto de calibre comarcal que ordene y gestione de forma conjunta todos los espacios fluviales.
El guía de Turismo, Ferran Ginestà, explique que esta nueva estatuto recoge medidas que los municipios afectados ya han ido desarrollando e implantando a lo abundante de los últimos primaveras. “El primer objetivo es que la regulación sea la misma para todos los espacios, ya que si cada Concejo tiene la suya puede modificarla como quiera”, relata Ginestà.
Contratación de vigilancia
Un segundo objetivo de la misma estatuto comarcal es que pueda hacer una contratación directa de la empresa que se encargue de los servicios de vigilancia. Esta estatuto regula, entre otros aspectos, el aparcamiento de vehículos, que se podrá hacer solo en las áreas habilitadas por esa finalidad.
Por otro banda, se pondrá orden en las actividades recreativas que se puedan hacer en los espacios fluviales. Como, por ejemplo, estará permitido hacer pícnic en todos los espacios, pero no se podrán instalar utensilios móviles como mesas, sillas, barbacoas o tiendas para acampar.
El incumplimiento de los puntos que contiene la estatuto puede constituir una infracción administrativa, que ellos vigilantes derivarán al organismo correspondiente: el Concejo, Mossos o Agentes Rurales. En términos generales las sanciones estarán catalogadas en tres grupos: las leves, que tendrán un coste de hasta 750 euros; las graves, con un coste de entre 751 y 1.500 euros; y las muy graves, que van desde los 1.501 a los 3.000 euros.
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