El Consistorio de Rubí ha aparecido al paso de la polémica sobre el vertedero de Can Canyadell asegurando que el abastecimiento dispone de una inmoralidad municipal "actual" desde 2003. El consistorio replica así a las acusaciones de ERC, que denuncia que la instalación no renovó los permisos en 2011 y opera desde entonces de forma clandestina.
Por el contrario, el equipo de gobierno municipal asegura que la inmoralidad otorgada en 2003 "a mercancía administrativos y legales está actual a día de hoy", por lo que, "no es cierto" que opere sin permiso.
En cualquier caso, el consistorio recuerda que es competencia de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) controlar si entran residuos impropios, y que es la Agencia Catalana del Agua (ACA) la que debe velar si hay contaminaciones en el torrente de Can Pi de la Serra.
En estos momentos, el Consistorio está irresoluto de resolver la solicitud de la empresa Puigfel, gestora del abastecimiento, sobre una modificación "no substancial" de la inmoralidad ambiental. A este respecto, el equipo de gobierno municipal asegura que la ARC emitió un referencia, en mayo del 2017, que avala la modificación de la capacidad del vertedero.
En cuanto a las posibles contaminaciones en el torrente de Can Pi de la Serra, el consistorio subraya, que "como ha hecho en otras ocasiones", informará a la ACA para que haga los estudios pertinentes, al tiempo que recuerda que la inmoralidad del 2003 ya prohibía cualquier tipo de despojos en el torrente.
Sobre el hecho de que la inmoralidad ambiental de 2003 no marca los códigos concretos de residuos que se pueden verter, el Consistorio de Rubí recuerda que el referencia preceptivo y vinculante que en ese momento emitió la Oficina de Encargo Ambiental Unificada (OGAU) siquiera especificaba los códigos, aunque sí definía los residuos admisibles y no admisibles.
En los últimos días, el Consistorio ha pedido a la empresa Puigfel levantamientos topográficos para conocer "con exactitud" el nivel de vertidos de residuos coetáneo. Asimismo hizo una petición al ARC para que le referencia sobre el origen, tipo, cuerpo y peso de los materiales depositados en el vertedero, teniendo en cuenta que "es quien tiene las competencias en este ámbito". Una vez que el Consistorio disponga de esta información "podrá reponer si se están vertiendo más residuos de los admisibles", afirma en un comunicado.
En cuanto a la proximidad con el centro de enseñanza JV Foix, el Consistorio afirma que ha implantado una serie de medidas correctoras en el camino envejecido de Ullastrell para "respaldar" la seguridad del alumnado y la ciudadanía. Desde marzo de 2022, el consistorio afirma que ha restringido el paso de vehículos pesados cuando coincida con las entradas y futuro del alumnado, con la colocación de señales de tráfico.
Igualmente se han instalado unas vallas frente al circuito educativo para ampliar el perímetro de seguridad y se ha constituido un espacio de trabajo conjunto con representantes de la comunidad educativa.
Por extremo, el Consistorio de Rubí lamenta que se haya trasladado "a la esfera política y de la confrontación" un tema que "se podría suceder debatido y explicado ampliamente" en la Mesa de seguimiento de los vertederos, víscera que "ha servido, hasta el momento, como espacio global para despabilarse consensos en la lucha contra los vertederos” en la ciudad. Un espacio "conjunto" de diálogo que "se ha gastado roto en detrimento de un uso partidista".
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