El Gobierno de Boris Johnson, furioso por la rescisión en el extremo momento del primer revoloteo para deportar solicitantes de hospicio a Ruanda a instancias del Tribunal de Estrasburgo, contempla abjurar la Convención Europea de Derechos Humanos para tener las manos libres en su polémica política de inmigración.
La ministra de Interior británica, Priti Patel, admitió la irritación de su Gobierno por la intervención de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aseguró desafiante que “ya hemos empezado a preparar el subsiguiente revoloteo a Ruanda”. El avión que se quedó en tierra el martes por la sombra había sido contratado por unos 600.000 euros a la compañía privada española Privilege Style, con sede en Palma (Mallorca) y que opera desde el aeropuerto de Barajas. Es utilizada con frecuencia por los equipos de fútbol de la trabazón española para sus desplazamientos, y además ha sido subcontratada ocasionalmente por aerolíneas como Finnair y Norwegian cuando han tenido problemas para ejecutar determinadas rutas con sus aviones.
Plan antiinmigración
La ministra de Interior británica subraya los "2.000 millones anuales de euros que cuesta la inmigración ilegal" al Reino Unido
La empresa ha sido muy criticada por oenegés y grupos pro derechos humanos por el hecho de ejecutar vuelos de deportación de inmigrantes, desde Alemania a Afganistán y desde el Reino Unido a Jamaica, supuestamente con los pies de los solicitantes de hospicio atados con cadenas como antiguamente los esclavos.
El exorbitante coste del revoloteo cancelado a Ruanda es motivo de escándalo en el Reino Unido, máxime cuando ni siquiera despegó. En una intervención en los Comunes, la ministra Patel dijo que es una “cantidad insignificante en comparación con los dos mil millones anuales de euros que al Reino Unido le cuesta la inmigración ilegal en alojamiento y otros tipos de audiencia”.
El Tribunal de Estrasburgo es una entidad completamente diferente del Tribunal de Honradez de la Unión Europea (que tráfico por ejemplo las disputas sobre el Brexit) y vela por el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos aprobada tras la Segunda Cruzada Mundial, y elaborada en su longevo parte por abogados y funcionarios británicos. Si Londres decidiera abandonarla como amenaza Johnson, seguiría los pasos de Bielorrusia y de la Grecia de los coroneles tras el choque marcial (y posiblemente Rusia tras la invasión de Ucrania).
Downing Street dice que las deportaciones a Ruanda tienen el objetivo de aminorar la inmigración ilegal por el canal de la Mancha. Tan solo el martes llegaron en patera 440 solicitantes de hospicio.
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