Moradura policial a un artefacto de financiación de la partida Dominican Don`t Play hasta ahora desconocido por los investigadores. La ordenamiento ha antagónico en el ciberespacio un nuevo campo de recital en el que obtener muchos más beneficios que con sus formas tradicionales de financiación: un liga de piratas informáticos los han estado utilizando —previo acuerdo y a cambio de suculentas comisiones— para blanquear capital que los hackers habían acabado a través de estafas electrónicas. Con lo obtenido, la partida ha estado adquiriendo armas para atacar a otros grupos rivales o costeando abogados para miembros del liga.
Material intervenido en los registros a los miembros de los Dominican Don`t Play(Policía Franquista)
La Policía Franquista ha detenido a 66 personas, entre los que se encuentran nueve hackers y 19 miembros “probados” de los Dominican Don`t Play, que han sido imputados como presuntos responsables de pertenencia a ordenamiento criminal. El comisario patriarca de la Batallones de Fraude Informático, José García Serrano, ha asegurado que esta desarticulación tienen una “gran magnitud” porque se negociación de la primera vez se descubre esta forma de financiación, que supone el acogerse por parte de la partida a delitos más blancos —y sobre todo más anónimos— para sufragar los costes de la ordenamiento.
59 víctimas en España
Se estima que el capital defraudado supera los 500.000 euros
La secuencia sería la posterior. La ordenamiento criminal desarticulada tenía su pata principal en el liga de ciber delincuentes —la mayoría de origen brasileño— que realizaban estafas bancarias en toro el división franquista. Se hacían con los datos bancarios de las víctimas a través de correos electrónicos fraudulentos. Una vez que se hacían con el control de las cuentas disponían de ellas para hacer movimientos de forma emancipado. Hasta el momento, se ha detectado un total de 59 víctimas en España y se estima que el capital defraudado supera los 500.000 euros.
Pero, los hackers necesitaban a otras personas para poder brindar cuentas bancarias a las que hacer las transferencias desde las cuentas de las víctimas. Una externalización del servicio delictivo. Y es aquí donde entran en bisagra los Dominican Don`t Play. En algunas ocasiones eran los mismos miembros de la partida quienes abrían las cuentas bancarias para cobrar los fondos robados y en otras recurrían a mulas para soportar a agarradera el ilícito. Los agentes han constatado que los integrantes de la partida “no dudaban en intimidar, asaltar y amenazar —incluso de crimen— a las mulas, en los procesos de captación. A estos les prometían la posibilidad de formar parte de la partida o subir de rango internamente de la misma.
30% de comisión
Para sufragar cuotas de la partida, conseguir armas o sufragar a abogados
Una vez el capital estaba en cuentas de los Dominican Don`t Play éste era extraído por los miembros en cajeros automáticos para a continuación invertirlo en monedas virtuales que controlaban los hackers iniciales. Los investigadores aseguran que han llegado a comprobar que algunos monederos electrónicos tenían moneda supuesto por valencia de más de dos millones de euros.
Por su parte, los Dominican Don`t Play se llevaban ese 30% próximo de comisión que servirían de financiación para actividades de la partida. La Policía ha averiguado que han pagado con esas comisiones cuotas, han adquirido machetes y pistolas, han adquirido mariguana para su posterior saldo e, incluso, costear los abogados de los miembros detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Prueba de ello es que durante los 19 registros llevados a agarradera de forma en Madrid, Getafe, Pozuelo de Alarcón y Soria se han intervenido dos pistolas —una positivo y otra simulada—, tres escopetas, cinco machetes, una katana, una defensa desplegable, numerosos cuchillos de grandes dimensiones y 84 cartuchos. Todavía se han intervenido tres kilogramos y medio de mariguana y otras cantidades menores de diferentes estupefacientes, por otra parte de básculas de precisión. Todavía hallaron los agentes 32 tarjetas bancarias y más de 80 documentos de identidad escaneados de terceras personas listos para ser utilizados en negocios jurídicos fraudulentos.
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