Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de reducción y eficiencia energética suficiente por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
Fuentes del Servicio de Industria, Comercio y Turismo han explicado a Europa Press que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.
Todas las iniciativas tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023
En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real-decreto de medidas de reducción y eficiencia energética suficiente ayer por el Consejo de Ministros, que recoge la cometido en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de demarcar a 27 grados el uso del ventarrón acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
Este paquete de medidas, que complementa RITE, igualmente obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento.
En el caso de todas estas iniciativas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el BOE y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
Incluso se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, mientras que la regulación de la iluminación foráneo solo afectará a los edificios de uso sabido, no a las ornamentales, por ejemplo, las luces navideñas.
La regulación de la iluminación foráneo solo afectará a los edificios públicos, no a las ornamentales, por ejemplo, luces navideñas
Asimismo, se obligará a que antiguamente del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de llegada para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al foráneo.
Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de reducción en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.
Las medidas igualmente incluyen la exigencia de someterse a una revisión extraordinaria antiguamente del 31 de diciembre de 2022 a aquellos edificios obligados que hayan realizado el precedente trámite antiguamente del 1 de enero de 2021, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos abriles.
De esta forma, para ejecutar rápidamente las obras de mejoría energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de emergencia. Encima, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización.
Quedan excluidos hospitales, centros educativos, gimnasios o peluquerías
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha resaltado que se prostitución de una norma "muy acotada" y que contempla excepciones "necesarias para surtir una climatización adecuada" en hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes.
En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, Maroto quiso tranquilizar a la población y aseguró que la norma tiene excepciones para que los trabajadores siempre "tengan unas condiciones climáticas adecuadas para el trabajo que tienen que hacer".
"Es una norma que claramente contempla las excepciones necesarias para certificar la climatización en los espacios sobre todo donde los trabajadores necesitan desarrollar sus actividades con una temperatura adecuada y igualmente, por ejemplo, cuando haya picos de ocupación de determinados establecimientos", explicó la titular de Industria, quien por otra parte indicó que la norma está consensuada con el sector.
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