El plan de reducción energético del Gobierno –medidas parciales que se incluirán más delante en el plan de contingencia que diseñe la Moncloa para hacer frente a un eventual corte del gas ruso en invierno– entró en vigor esta medianoche con más incógnitas y dudas que certezas sobre su aplicación.
Desde diversas administraciones, más allá de la polémica y las discrepancias por las formas y el fondo, se reconoce que respaldar el cumplimiento es una tarea difícil. Según la filial central corresponde a las comunidades esta bordadura de vigilancia, pero las autonomías ya han avisado que la “responsabilidad personal” y la voluntad jugarán un papel importante en este asunto.
El Gobierno mantiene el plan de reducción energético pese a las críticas
En una linde similar, el director genérico del Instituto para la Diversificación y Reducción Energético, adscrito a la cartera de Transición Ecológica, Joan Groizard, admitió ayer en RAC1 que la filial carece de capacidad para velar y respaldar que se cumpla lo que dispone el verdadero decreto ley, que aún debe ser validado en el Congreso aunque ya está en vigor.
A su vez, la vicepresidenta tercera del Ejecutante y ministra para la Transición Ecológica y el Provocación Demográfico, Teresa Ribera, apuntó ayer que no cree que haya multas “desde el primer momento”, ya que “no se pretende sancionar”. “Se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un ganancia”, añadió en declaraciones a la Sujeción Ser, donde incluso señaló que “no cree que haya multas rápidamente, sino al revés”. “Tendrá que poseer un procedimiento previo y sobre esa almohadilla, de forma proporcionada ir adoptando medidas”, aseveró.
Ribera, cuyo servicio ha liderado este asunto, señaló incluso, tras el enfrentamiento con el PP y los gobiernos autonómicos que encabezan los populares en los días previos, que no ve “voluntad de insumisión generalizada”, pero sí dejó la puerta abierta a idear en presencia de el Tribunal Constitucional conflictos negativos de competencias en casos de incumplimientos o presentar medios por la vía de lo contencioso-administrativo.
A su vez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, planteó al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, si está con la Unión Europea y el reducción o “tiene que preguntar a la que manda” –en cita a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido más beligerante en concurso al plan que el resto de presidentes autonómicos.
En el Govern de la Generalitat no quedaron satisfechos con la reunión del lunes entre Gobierno y comunidades para aclarar dudas y desde el Departament de Empresa i Treball tienen previsto elevar por escrito las dudas que hay sobre la mesa en lo referente a la aplicación del decreto. La directora genérico de Energia, Assumpta Farran, que participó en aquella reunión, incluso reconoció que “nadie puede respaldar” que se cumplirán las medidas y fue un paso más allá: “Dejaría de obsesionarme con si me controlarán o no porque quizás lo que vemos en otoño es si podemos respaldar o no la energía”.
El Gobierno vasco, por su parte, solicitó al Ejecutante central la puesta en marcha de “conferencias sectoriales para poner en popular” las medidas que ya se adoptan, así como las nuevas que se pongan en marcha, y anunció que se reunirá con el sector del comercio, la hostelería y el turismo antiguamente del 25 de agosto para topar los planes de contingencia.
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