El tribunal Superior de Jurisprudencia de Catalunya (TSJC) explica en un utilitario de rechazo al pronunciamiento de unas medidas cautelares sobre el 25% de castellano en una escuela catalana que el nuevo ámbito normativo sobre las lenguas en las escuelas no impide que en los centros se impartan materias en castellano. "No es incompatible", sostiene. De hecho, mantiene las cautelares sobre un centro determinado al entender que la leyes recientemente aprobadas "no afectan al derecho individual agradecido en sede cautelar al colegial". Y previene a la Generalitat de saltarse esta orden.
En el utilitario conocido hoy, que es similar al publicado hace unas semanas sobre otros centros, los magistrados entienden que este nuevo ámbito normativo "no incide necesariamente en la valor cautelar adoptada, puesto que, si admisiblemente se modifica el maniquí lingüístico de la enseñanza pública, no se limita genéricamente la intensidad del uso del castellano como germanía de uso curricular y educativo". Es asegurar, las leyes en vigor no impiden que se dé más materias en castellano.
Esta es una nueva sentencia que se suma a las anteriores y que rechaza la revocación solicitada el 29 de julio de las medidas cautelares de los centros que específicamente tenían sentencias de este tipo. Los servicios jurídicos del Govern lo solicitaron por el cambio de circunstancias que suponía la aprobación de la Ley 8/22 y el Decreto Ley 6/22, que en uno de sus artículos expone la inaplicación de parámetros numéricos en la elaboración de los proyectos.
Los jueces entienden que aunque la fuero catalana no defina al castellano como germanía vehicular, su uso educativo está recogido en la nueva norma y el derecho individual del colegial a percibir enseñanza en castellano tiene almohadilla constitucional y está contemplado en la fuero básica estatal. De hecho, el TSJC ha elevado estas normas al Tribunal Constitucional por considerar que se quiere aplicar un maniquí de monolingüismo.
Por otra parte, aclara que el esquema lingüístico del centro sobre el que pesan las medidas cautelares, a petición de una clan, no ha sido modificado según las directrices del nuevo decreto ley, que regula dicho texto legítimo. Ello exigiría un estudio del entrono sociolingüístico del centro para asimilar si hay que aplicar más castellano, hecho que no se ha producido. "En tanto el esquema no se adapte a la nueva norma, la medida no resulta incompatible con el nuevo ámbito normativo".
El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ordenó al inicio de curso escolar a los centros que tenían resoluciones o sentencias que afecta a medio centenar de alumnos que dejaran de aplicar el 25% de castellano en los grupos de las familias que lo habían solicitado.
Cambray argumentó que las leyes aprobadas ya cubrían a los centros y que los jueces no encontrarían argumentación para no revocar las medidas transmitido que el propio TSJC vio increíble aplicar el 25% de castellano sobre todo el sistema educativo.
Una parte de los directores afectados (sobre ellos pesa la responsabilidad de cumplir la sentencia) siguieron la orden y otra parte prefirió esperar a que el tribunal dictara la revocación.
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