La Audiencia Provincial de Madrid ha poliedro la razón al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha paralizado la comisión rogatoria que emitió Andorra a raíz de la querella sobre la Operación Catalunya en la que figura como investigado. Así, se ha corregido a sí misma y ha anulado la intrepidez precursor en la que avaló la petición del Principado.
En un utilitario, al que ha tenido comunicación Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda han estimado el procedimiento de queja de Rajoy y han dispuesto que se le tenga por personado en la comisión rogatoria del Principado que tramita el Tribunal de Instrucción Número 32 de Madrid. Al hilo de ello, la Audiencia Provincial ha considerado pertinente que dicho chancillería admita el procedimiento de reforma que había presentado el exlíder del PP en el que solicitaba la no tramitación de la comisión rogatoria.
Previamente, la misma Sección había fallado en sentido contrario al considerar que la pretensión de Rajoy había perdido fundamento al partirse del presupuesto fáctico de que la comisión rogatoria ya había sido devuelta a Andorra, poco que cuando se firmó la precursor resolución -el 5 de octubre- no se había hecho.
En aquella ocasión, los magistrados explicaron que aunque creían que el chancillería debía deber admitido el escrito de Rajoy, no podían estimar su procedimiento porque creían que la magistrado ya había enviado la respuesta al Principado. Ahora, la Audiencia de Madrid --en defensa de la tutela contencioso efectiva-- ha claro la inepto de su primer utilitario.
El caso en Andorra
Junto a memorar que la Probidad del Principado investiga a Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, trastorno, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento apócrifo por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Doméstico a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la fuero andorrana" de varios gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
Las defensas de Rajoy, de Fernández Díaz y de Montoro alegaron que vieron vulnerados sus derechos porque el Tribunal de Instrucción 32 de Madrid, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el "previo control de rectitud de conformidad con la fuero franquista y convencional en materia de cooperación internacional".
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