La ampliación de las zonas de peculiar protección para las aves (Zepa) en el ámbito del Parc Agrari del Baix Llobregat continúa generando miedo por su posible impacto limitador en la agricultura. Este viernes los ayuntamientos de Gavà, Sant Boi de Llobregat y Viladecans estallaron contra el fondo y las formas de la Generalitat de Catalunya, impulsora de una iniciativa que pretende contestar a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea que advertía, bajo amenaza de beneplácito, de que el delta del río de Llobregat carece de suficiente protección medioambiental. El Prat, que incluso forma parte de este ámbito, sí que es inclinado a la iniciativa del Govern.
Carles Ruiz, corregidor de Viladecans; Gemma Badia, alcaldesa de Gavà; y Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi (los tres del PSC) salieron relativamente satisfechos en julio de una reunión en el Departament de Acció Climàtica, Alimentació y Dietario Rural. Les gustaron las palabras de la consellera, Teresa Jordà. En aquel momento explicaron que el Govern se abrió a enfrentarse yuxtapuesto a los ayuntamientos el cambio de normas en el Parc Agrari. Ahora, en cambio, explican que aquellas palabras han caído en saco roto. Que pese a que se amplió el período de alegaciones un mes no se ha tenido en cuenta el circunscripción. “Queremos que se anule el acuerdo de Govern y se apueste por el diálogo”, sintetizó Badia.
Reclaman a la Generalitat que pare la ampliación de las Zepa para apañarse acuerdos con el circunscripción
“Esto no es una postal, es un espacio productivo”, proclamó Ruiz. El Parc Agrari representa un 30% de la superficie hortícola catalana. Estos Consistorios apuestan por un hub agroalimentario para modernizar la actividad agrícola y que sea más válido.
“La protección de los espacios naturales no es incompatible con la agricultura”, consideró Moret. Resulta singular que la Generalitat dice que el objetivo del plan de diligencia que quiere crear es precisamente hacer compatibles estos ámbitos. Pero claro, mientras los mapas de la nueva zona Zepa, que según estos ayuntamientos afectan al 70% de la huerta del Parc Agrari, ya están definidos, la legislatura que las regirá no. Y en este contexto se teme frente a la posible término a la actividad agrícola.
Terrenos agrícolas de El Prat de Llobregat donde ya se cultiva pese a ser espacio de espacial protección para las aves 
Los consistorios piden tener las reglas claras ayer de ampliar el espacio protegido. En la zona incluso hay escama por la descuido de inversiones: hay campos que se inundan frecuentemente por infraestructuras insuficientes.
Estos tres ayuntamientos no son los únicos que han presentado alegaciones y que se oponen a la ampliación de la Zepa. En este sentido se expresó el sindicato Unió de Pagesos y el Institut Agrícola, la patronal de las empresas agrarias. Por su parte, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat reclamó hacer compatibles el Parc Agrari con los espacios naturales protegidos. La Generalitat pretende tener lugar de 935 hectáreas resguardadas a 2.381.
El engorroso carta del delta del Llobregat está formado por un extenso reducto agrícola a las puertas de Barcelona, espacios naturales de gran valía medioambiental, zonas de desconexión ciudadana y el aeropuerto de El Prat. El esquema de ampliación del aeropuerto planeaba afectar el ámbito natural de La Ricarda y compensar esta afectación con 280 hectáreas, que en su obeso incluso formaban parte del Parc Agrari.
Pero los Ayuntamientos de Viladecans, Sant Boi y Gavà se mostraron favorables a la idea. “Aquella propuesta no era concreta, si algún día se concreta, ya se hablará”, dijo Carles Ruiz. “Como se formó polémica, no se llegó a oficializar. Con la Zepa tenemos un acuerdo de Govern”, diferenció Moret.
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