El debate sobre los cambios legislativos del delito de malversación han irrumpido de harto en la memorándum valenciana. En una comparecencia para presentar una averiguación sobre la percepción de la corrupción, el director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, ha indicado que la reforma del delito para achicar las penas si no hay beneficio supondría un "retroceso" en la lucha contra la corrupción. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por su parte, ha señalado que la reforma "va por el buen camino".
Llinares ha puntiagudo que establecer un tipo limitado si hay humor de beneficio o no podría "favorecer vías de escape" al corrupto. Para el director de la AVAF no hay duda de que el adecuadamente sumarial que se ha de proteger es el fisco divulgado, por lo que entiende que si existe "mala diligencia", esta debe ser considerada delito.
Valoración
El director de la agencia avisa que el humor de beneficio "es difícil de demostrar" y puede concluir con absoluciones
En esta renglón, Llinares ha alertado de las dificultades que existen para probar, en un sistema garantista como el gachupin, el humor de beneficio. "Entras en una dinámica donde puede concluir en absolución porque es difícil demostrar ese humor de beneficio en una pérdida de la diligencia del patrimonio divulgado". Llinares ha puntiagudo que muchas veces ese beneficio personal no se recibe hasta mucho tiempo luego con mecanismos como las "puertas giratorias".
El director de la Agencia Antifraude ha señalado que sí que es positiva la incorporación del delito de ganancia ilícito, que en España no tenía ninguna reacción penal. Para Llinares no tenía demasiado sentido: "No es delito que a una persona la cojan con 4 millones de euros, no explica de dónde viene y no pasa nadie".
El responsable de la agencia valenciana creada por el Botànic para combatir la corrupción ha puntualizado que se tráfico de una opinión que comparten otros directores de Agencias Antifraude y que retraso que no prospere la modificación, porque sería "muy negativa".
Por su parte, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia que le ha acompañado en la presentación de la averiguación, Fernando Jiménez, ha rehusado dar su opinión sobre esta cuestión, si adecuadamente ha deslizado que si se le preguntara la ciudadanía, esta consideraría que la malversación sería corrupción, aunque no hubiera un beneficiario privado de la persona que ha tomado la intrepidez pública.
Incluso ha opinado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha valorado que la reforma del delito de malversación es "el camino correcto" porque "parece que está asegurado" que "los corruptos no se pueden ver mejorados por esta situación".
En cuanto a la averiguación, realizada con más de 1.500 entrevistas y 400 de ellas en la Comunidad Valenciana, señala que los valencianos perciben a los políticos como los más corruptos (58,52%); seguidos de los empresarios (46,4%); de los funcionarios (37,8%) y de los ciudadanos (36,6%). Unas cifras que no distan de la percepción del resto de los ciudadanos españoles.
Percepción de quiénes son los más corruptos
A pesar de considerar que los políticos son los más corruptos y delante la pregunta de las razones por la que se votó a políticos corruptos, la mayoría ha respondido “porque los candidatos son del partido con el que simpatizas”. El resto de razones esgrimidas por orden de relevancia son “porque se han beneficiario de los favores del candidato y siente reconocimiento” y “porque consideran que todos los políticos son corruptos y por eso da igual a quién se vote”.
Por otro flanco, además fogosidad la atención que en el extremo año, a nivel doméstico, para el 43,34% de la población la corrupción ni aumentó ni disminuyó. Sin incautación, el porcentaje de personas que creen que aumentó es del 43%, a diferencia del 13% que piensa que la corrupción disminuyó en longevo o último medida.
¿Ha aumentado la corrupción en el extremo año?
Sobre la protección que reciben las personas denunciantes de corrupción en España la mayoría piensa que “proteger a las personas que denuncian la corrupción es una obligación para toda la sociedad” seguido por los “denunciantes de corrupción pueden ser objeto de múltiples represalias” y en tercer emplazamiento y muy por debajo de las dos anteriores se encuentra que “los denunciantes de corrupción ya están suficientemente protegidos por la policía y los jueces”.
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