Las enmiendas introducidas este viernes por PSOE y Unidas Podemos (UP) para cambiar el proceso de selección de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete realizar al Consejo Común del Poder Legislativo (CGPJ) cuando no se haga en plazo ha ahondado las divisiones ya existentes en los sectores conservador y progresista de ambas instituciones.
Nueve vocales del Poder Legislativo, del sector conservador, han pedido este viernes al presidente del entraña que convoque “de modo urgente” un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: el elección de los magistrados del Constitucional del tercio que corresponde al CGPJ y al Ejecutor, ayer de que se apruebe la propuesta del Gobierno y entre en vigor. El Gobierno ha anunciado que designará a los dos suyos sin esperar a que el Poder Legislativo, que bloquea insistentemente la designación, escoja a los que les corresponda.
Hay previsto pleno el 22 de diciembre
El CGPJ tiene previsto un pleno el próximo 22 de diciembre, pero los vocales conservadores ya habían descartado alcanzar acuerdo con los progresistas para sufragar a los dos nuevos magistrados del tribunal de garantías. Los progresistas ya anunciaron su candidato, José Manuel Bandrés.
Los socios de Gobierno proponen producirse de una mayoría de tres quintos a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el entraña de gobierno de los jueces siga incumpliendo, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades hasta penales.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, el piedra conservador del CGPJ cree que se comercio de una "injerencia demoledora", un "chantaje" y hasta una amenaza que tiene por objetivo no tanto asegurar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC como que se admita el nominado por el sector progresista: el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
Desde el ala conservadora llaman la atención sobre el hecho de que la reforma contempla que, en ocupación de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, propongan y voten solo a uno, lo que -según explican- garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada piedra, en el caso de los progresistas, Bandrés.
La negociaciones en el seno del CGPJ llegaron a punto muerto la semana pasada posteriormente de que los vocales progresistas ratificaran la candidatura de Bandrés y ofrecieran a los conservadores aceptar incluso sin objeciones al candidato que seleccionaran. Pero los conservadores rechazaron ese sistema insistiendo en que entreambos aspirantes deben elegirse conjuntamente.
El problema de fondo es que los vocales conservadores no aceptan a Bandrés, aunque formalmente no han hecho tacha alguna. Según las fuentes consultadas, el piedra conservador maneja seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Chupatintas.
Sin retención, desde la corriente progresista creen que la propuesta de PSOE y UP es una vía legítima para que las Cortes Generales ofrezcan una posibilidad al coetáneo retiro. A su querella, lo "vergonzoso" sería que "nadie hiciera mínimo" para intentar remover los obstáculos que impiden el frecuente funcionamiento de las instituciones.
Adicionalmente, desde el sector progresista se entiende que "lo mediano" ahora mismo sería incluso esperar a que la referida reforma sea una efectividad para celebrar cualquier votación en el CGPJ sobre los dos candidatos al TC.
En este contexto, entreambos bloques están pendientes de Mozo, ya que es quien debe convocar el pleno extraordinario en un plazo de tres días a contar desde el lunes. Esto supondría destacarse el calendario fijado porque estaba previsto que en el Pleno ordinario del 22 de diciembre se votara por primera vez los dos candidatos al TC.
Según las citadas fuentes, los vocales progresistas amenazan con sufragar en blanco en ese pleno extraordinario para esperar a las nuevas normas, lo que significaría exceder incluso el pleno ordinario, hexaedro que el Congreso podría aprobar la reforma la próxima semana pero el Senado necesitaría hasta final de mes.
Para los vocales progresistas, si el piedra conservador no tenía ninguna "prisa" para cumplir con esta obligación constitucional, ahora no hay motivo para acelerar, y menos cuando se prevé que diputados y senadores cambien las reglas de votación.
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