La Jurisprudencia del Estado defiende la misma teoría que la Fiscalía y reclama al árbitro que instruye el caso del procés Pablo Llarena que incluya el delito de desórdenes públicos contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
En un escrito al que ha tenido camino La Vanguardia, la abogada del Estado Rosa María Seoane explica que con los hechos probados de la sentencia del procés se permite adecuar lo que ocurrió con el delito de desórdenes públicos agravados, una vez que se ha derogado el delito de sedición.
La jefa del área Penal de los servicios jurídicos del Estado explica que "no puede excluirse de plano" este delito para perseguir al expresidente catalán.
Por eso reclama a Llarena que lo incluya porque si no, de no hacerlo, en la escalón de juicio no se podrá manifestar al expresidente de este delito y se tendrían que cercar al de desobediencia y malversación de caudales públicos.
"Esa salvedad meridiana de la aplicación de los tipos delictivos en cuestión, no es inocua para el curso del proceso y se proyecta más allá de las medidas a las que el automóvil se refiere en su parte dispositiva, para alcanzar al objeto del proceso, delimitándolo negativamente lo que ciertamente restringe el derecho de las acusaciones, al restringir el inteligencia del proceso cuando ni siquiera ha concluido la escalón instructora cuyo desenlace vendrá necesariamente restringido al perímetro delictivo recogido en el
automóvil al que los encausados acotarán su conocimiento y estrategias de defensa", subraya.
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