Una mayoría de españoles está en contra de que los magistrados del Tribunal Constitucional puedan prohibir el debate de leyes en las Cortes, como pasó en diciembre cuando el entraña de garantías paralizó la tramitación en el Senaldo de la reforma a la reforma del Código Penal que pretendía forzar su renovación, según el barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este miércoles y que, de forma extraordinaria, pregunta de forma genérica por estos hechos.
La investigación, llevada a lugar entre el 2 y el 12 de este mes y por lo tanto tras el choque institucional que tuvo ocasión a finales de año a cuenta de la renovación del tribunal, revela asimismo que más del 70% de los encuestados rechaza que los dos magistrados del TC con el mandato expirado pudieran elegir en el pleno del Parada Tribunal que frenó la tramitación de la ley en el Senado.
El nuevo estudio del CIS refleja como un 57,2% tiene una posición contraria a la injerencia del poder procesal sobre el legal de forma preventiva. Acerca de un tercio de las respuestas, en cambio, muestran su apoyo a que el Constitucional pueda tener esa potestad. Esta pregunta es una de las novedades que presenta el nuevo barómetro, tras el choque institucional que impidió que se reformara la ley del Consejo Normal del Poder Legal y del TC, aunque finalmente sí que se aprobó la derogación de la sedición y la reforma de la malversación.
Igualmente existe un cierto consenso rodeando de los dos magistrados del Parada Tribunal -Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez- que, a pesar de tener su mandato caducado, participaron en la votación que paralizó parte de la reforma del Código Penal, tras la petición de medidas cautelares del PP. Un 73,6% le parece mal o muy mal que estos dos miembros del Constitucional tomaran parte en las votaciones. Los dos magistrados fueron recusados por el PSOE y Unidas Podemos ayer de la celebración del pleno alegando que existía un conflicto de interés -la reforma penal provocaba su relevo-, pero la petición fue desestimada.
Sobre la reforma penal, más de dos tercios se muestra benévolo a la iniciativa para renovar los órganos constitucionales que pretendía el Gobierno, aunque la pregunta no especifica que estas modificaciones legales asimismo incluían la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, que comporta una deducción de penas en los casos que no haya actitud de ganancia. A pesar de esta opinión mayoritaria, casi un 70% reconoce tener poco o ningún conocimiento del contenido de las reformas que perseguían el PSOE y UP.
Casi la centro de los encuestados responsabiliza el PP del interrupción de la renovación del CGPJ
El interrupción de la renovación del CGPJ y asimismo del TC, aunque finalmente este postrer caso se pudo desencallar, se alarga desde hace abriles con un tira y afloja constante entre los dos principales partidos políticos, el PSOE y el PP. En el pasado noviembre, el acuerdo estuvo muy cerca de ver la luz, pero los populares se acabaron desentendiendo por la intención del Gobierno de derogar el delito de sedición, ya que lo concebían como una concesión al independentismo.
Según el CIS, un 40% de los españoles cree que el principal responsable de esta situación es el Partido Popular, mientras que prácticamente un 18% error a la formación socialista. Un 15%, en cambio, considera que los dos partidos tienen la misma cuota de responsabilidad en el asunto.
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