“Un requerimiento no se inadmite, un requerimiento se contesta”, advierten desde la Moncloa al ejecutante autonómico de Castilla y Valiente que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco. Allí de reconducirse o encarrilarse el choque, y en plena precampaña electoral del 28-M, se encona aún más el conflicto institucional despejado entre el Gobierno central y esta compañía autonómica, a cuenta del supuesto protocolo antiaborto impulsado en esta comunidad por la ultraderecha de Vox, a través del vicepresidente Juan García-Gallardo.
El gobierno de Castilla y Valiente ha inadmitido el requerimiento del Consejo de Ministros como paso previo a venir al Constitucional
El gobierno de Castilla y Valiente ha comunicado este jueves que inadmite el requerimiento que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, y para el que esperaba una respuesta como paso previo a proponer un conflicto de competencias frente a el Tribunal Constitucional. El motivo que alega esta compañía autonómica, gobernada por la única coalición del Partido Popular y Vox en España, es que no se ha producido ningún acuerdo y que, luego, no se vulnera constitución estatal alguna.
Esta atrevimiento del consejo de gobierno de la Corporación de Castilla y Valiente ha provocado perplejidad en el Ejecutante central y en la Moncloa. “Tienen que atender el requerimiento y no aprobar nulo, eso está claro. No deben de conocer la justicia del propio Tribunal Constitucional”, alegan fuentes de la Moncloa.
“La ley orgánica del TC prevé la diligencia jurídica que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias”, alega el Ejecutante central
“La Corporación de Castilla y Valiente se escuda en que no hay una norma aprobada. Pero la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé la diligencia jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias”, justifican desde el Gobierno central.
La propia portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha sido la primera en mostrar su asombro, desde Sevilla, frente a esta atrevimiento del ejecutante de Castilla y Valiente que lidera el presidente Mañueco. “Desde el más puro concepto oficial, un requerimiento no se puede inadmitir, se puede contestar o no contestar”, ha despierto Rodríguez.
“Yo espero que en aras a la relación incondicional y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de la respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y luego respondan e incluso aclaren, porque a día de hoy he escuchado distintas versiones”, ha señalado la ministra portavoz, frente a las diferentes explicaciones que están ofreciendo tanto Mañueco como los dirigentes de Vox, sobre si se aprobó o no un supuesto protocolo antiabortista en el consejo del gobierno autonómico de la semana pasada que ha disparado la polémica política.
El Gobierno insiste en que el protocolo antiaborto “genera desazón e incertidumbre entre mujeres y profesionales sanitarios y amenaza a los derechos y las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres”
Sea un protocolo o una instrucción o un simple acuerdo lo que Vox puso sobre la mesa para impulsar medidas al respecto, la portavoz del Ejecutante central ha insistido en su denuncia de que esta iniciativa autonómica “genera desazón e incertidumbre entre las mujeres y los profesionales sanitarios”, por otra parte de que “amenaza a los derechos y las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres” y supone una “invasión competencial”. El Gobierno, así, sigue sin creerse las explicaciones del presidente Mañueco. “Parece que, efectivamente, poco acordaron. Y no quieren darnos cuenta de lo que es”, ha despierto Rodríguez. “Claramente, el objetivo era contentar a sus socios”, ha asegurado sobre el PP y sus aliados de Vox en el gobierno de Castilla y Valiente.
“Yo lo que deseo es que actúen con el rigor que se le exige a cualquier compañía pública y, en este caso, den cumplimiento al requerimiento del Gobierno con la respuesta que crean conveniente. En cualquier caso, la inadmisión no es una respuesta”, ha zanjado Isabel Rodríguez.
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