La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la petición de LaLiga y ha pedido la imputación del que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta 2018 Victoriano Sánchez Arminio por el supuesto desvío de 8 millones de euros que la Verdadero Unión Española de Fútbol (RFEF) destinó a los árbitros.
Dicha investigación está enmarcada en la operación del 'caso Soule', que persigue presuntas irregularidades cometidos durante la administración de Santo María Villar al frente de la RFEF.
Los movimientos en el caso Soule se producen en paralelo a la investigación por el Caso Negreira que sigue en marcha en la Fiscalía Provincial. Hace una semana la Prisión SER destapó que la Fiscalía investiga el suscripción de 1,7 millones que, presuntamente, el club blaugrana habría hecho a Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros.
El ex presidente del Comité Técnico de Árbitros, investigado por el supuesto desvío de 8 millones de euros que la Unión destinaba a los colegiados
A raíz de dicho caso LaLiga solicitó de nuevo al mediador que instruye el caso Soule que investigue una serie de pagos que hizo la RFEF al hijo del ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira durante la etapa de Villar. Se tráfico de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez.
Las fuentes consultadas apuntan que en su día La Alianza ya pidió en el entorno del 'caso Soule' que la RFEF aclarara una serie de pagos que estarían injustificados, pero que una vez conocido el ya denominado 'caso Negreira' ha insistido en aclarar este extremo. Sánchez Arminio se ha desligado de cualquier irregularidad cometida por su entonces 'número dos', pero La Alianza ahora mueve ficha para que se le impute en el caso Soule y responda por el supuesto desvío de la partida dedicada a gastos arbitrales.
El responsable del Tribunal Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, acordó el pasado agosto prorrogar sus pesquisas sobre 'Soule' a la calma de acoger varios informes pendientes. En los últimos remitidos por la Intervención Genérico del Estado (IGAE) se advertía al instructor de la existencia de irregularidades de distinta índole en las obras y la construcción de varios campos de fútbol en España.
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