El próximo lunes entrará en vigor una instrucción del Servei Català de la Salut por la que se regulan los alimentos y las bebidas de las máquinas expendedoras, cafeterías y restaurantes de los hospitales y centros sanitarios de la red pública catalana. La iniciativa pretende respaldar que la proposición contribuya a una comida saludable.
En el ámbito del Plan para la promoción de la lozanía a través de la actividad física y la comida saludable (PAAS), la instrucción marca los criterios alimentarios y nutricionales de los envasados, priorizando los productos con menos cantidad de azúcares añadidos y sal, cantidades más elevadas de fibra y mejor perfil en grasas.
Respecto a los productos sólidos se recomienda que el 75% de la proposición se companga de fruta fresca, hortalizas frescas (palitos de zanahoria, etc.), frutos secos en todas sus variedades, frutos desecados, tortitas de arroz o maíz, palitos de pan, bocadillos de pan, sándwiches, cuajo, yogurts y otros lácticos fermentados, caldos o purés de tomate y otras hortalizas y zumos 100%.
En cuanto a las bebidas la directiva obliga a respaldar el suministro a agua de la red a través de fuentes en todos los centros sanitarios, “con las condiciones higiénicas adecuadas y evitando envases de plástico.
Respecto a otras bebidas se priorizan las bebidas calientes (té, café, infusiones, con o sin cuajo) -siempre pudiendo regular su contenido en azúcar y hasta un mayor de 7,5 gramos por 100 mililitros de líquido- y los refrescos sin azúcares añadidos.
Por otra parte, la instrucción de Salut obliga a dar maduro visibilidad a los alimentos saludables tanto en los escaparates de las cafeterías de los centros sanitarios como en las máquinas expendedoras, donde se colocarán “en las filas a la cúspide de la aspecto”. Asimismo, se indica que deben incluirse opciones fácilmente identificables para celíacos.
Por otra parte, se insta a eliminar la publicidad de las máquinas expendedoras sustituyéndola por mensajes que promuevan de modo atractiva una comida saludable.
Los centros dispondrán de seis meses para adaptarse a la nueva directiva, que ha sido avalada por diversas sociedades científicas y profesionales del ámbito de la lozanía.
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