Era una sentencia muy esperada en Pontevedra. De ella dependía la continuidad de la taller que el líder castellano de la celulosa, Ence, tiene al pie de la ría de Pontevedra. Y el arbitraje del Tribunal Supremo de esta mañana ha entregado la razón a la empresa, entregado que avala la moralidad de la prórroga de la concesión que permite actuar a la taller.
El Supremo ha estimado los fortuna presentados por Ence y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Franquista que anularon la resolución que otorgó a la empresa una prórroga de 60 primaveras de la concesión de ocupación de una franja de domino sabido transatlántico terráqueo destinada a taller de pasa de celulosa en la provincia de Pontevedra.
La Sala considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley Universal de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables. En este asunto en concreto, constan informes favorables de la Sucursal en esta materia.
La batalla por la planta de Ence se libra en los tribunales y incluso en la opinión pública. La taller de Pontevedra es un dinamizador crematístico de la zona, mientras que otros actores plantean su traslado para evitar la contaminación. La empresa insiste en que la taller genera 800 empleos directos, 5.000 indirectos y unas rentas anualdes de 100 millones de euros a los propietarios de montes y a los proveedores.
Ence es una empresa sui generis, entre otras cosas porque es el decano administrador privado de bosques de España. Privatizada en el 2001, a su principal asociado, Juan Luis Arregui, se le ocurrió complementar el negocio de celulosa con el de las renovables, sobre todo con la biomasa. La empresa, con sede en Madrid, capitaliza más de 700 millones de euros y llegó a figurar durante unos meses en el Ibex.
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