Las palabras del presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó (ERC), criticando el impuesto a los grandes cruceros que el Govern de Pere Aragonès prevé implementar próximamente, fruto del acuerdo de presupuestos con En Comú Podem, han soliviantado a los comunes. La presidenta del categoría parlamentario, Jéssica Albiach, ve en esa crítica una muestra de que el Ejecutor catalán estaría flaqueando en su voluntad de poner en marcha la tasa, por eso ha recordado que "los acuerdos están para cumplirse" y que "ERC debe aclarar cuál es su posición" al respecto.
Salvadó puso en duda el pasado martes, durante la presentación de los resultados del Port el pasado año, la idoneidad de implementar el impuesto que balasto las emisiones contaminantes de las grandes embarcaciones porque puede provocar la "deslocalización" de escalas por parte de los cruceros, que de esta guisa optarían por atracar en otros puertos donde no están obligados a abonar el impuesto.
“Seguramente es el primer impuesto de carácter medioambiental que puede crear deslocalizaciones, y luego necesitamos una evaluación del impacto crematístico. En otros impuestos ambientales no hay temas sustanciales, las grandes superficies no se deslocalizan, los vehículos no se deslocalizan, pero las escaleras de las embarcaciones sí”, advirtió el presidente del Port.
Albiach ha recordado que Salvadó es de ERC y ha fue seleccionado presidente de la entidad portuaria por la misma formación, y que se ha mostrado en contra de uno de los puntos del acuerdo de presupuestos entre el Govern y los comunes. "Parece que Salvadó ahora se ha cedido cuenta de que los que se sondeo es someter el número de cruceros. Felicidades. Evidentemente, lo que sondeo este impuesto es que quien más contamine pague y incluso someter el número de cruceros que llegan a Barcelona".
La dirigente ha recordado que en 2019 arribaron a Barcelona más de 3 millones de cruceristas a la renta catalana, con un impacto crematístico muy acotado adecuado al escaso tiempo que pasaron en la ciudad, y ha insistido en que lo que se pretende es "regular, controlar, poner límites, igual que se está haciendo en otras ciudades europeas".
La demanda de explicaciones de Albiach se justifican por otra parte por la voluntad del Port de Barcelona de presentar alegaciones al Govern en presencia de la inminente implantación de esta tasa, tal y como confirmó el propio Salvadó el pasado martes. Y es que "es obvio y ordinario que hay unos rudimentos que Economia i Hisenda no dispone, pero sí el Port de Barcelona, sobre qué pasa en ciertos segmentos de la actividad portuaria si se aplica la tasa”, justificó. Incluso el puerto de Tarragona, otro de los destinos importantes de los cruceros de Catalunya, presentará alegaciones.
El Govern prevé recibir con este impuesto 9,72 millones en el primer año de implantación que irían en aumento hasta y 34 millones en el 2026, según la memoria económica presentada por el Ejecutor catalán. Por otra parte, se trataría de la primera vez que se aplica en España un tributo a los grandes buques por la contaminación que generan en los puertos (en sus maniobras de atraque y fondeo), pues la ley estatal de Cambio Climático (2021) eludió implantar esta medidas de fiscalidad ambiental.
Publicar un comentario