El Centro Franquista de Inteligencia (CNI), a través de una fuente no identificada citada por El País como cercana al organismo, ha admitido tener espiado a líderes independentistas, pero asegura que se ha hecho de forma “individualizada, no indiscriminada y siempre bajo control contencioso”.
Estas mismas fuentes consultadas han admitido el uso del software israelí Pegasus en sus investigaciones. Frente al cuestionamiento de por qué no se dio uso de los métodos tradicionales de escuchas a través de las compañías telefónicas, como son los pinchazos de llamadas, las fuentes de inteligencia argumentan que el uso de Pegasus les permite intervenir los dispositivos a veterano escalera y, sobre todo, en el extranjero.
Fuera del país, los ciudadanos se conectan a otra operadora y entonces las españolas dejan de tener la capacidad de intervenir ese teléfono. Esto no sucede con el software diseñado por NSO Group, que encima asimismo permite intervenir las cámaras y otras aplicaciones esenciales para un espionaje competente, como pueden ser Whatsapp o Telegram.
Espionaje individualizado, nunca masivo
El CNI cimiento la defensa de su buena concierto en tres pilares fundamentales. En primera instancia, sostienen que el espionaje se realizó de forma individualizada, no de forma masiva cerca de el propio movimiento independentista. De hecho, el diario El Gachupin ha tenido contacto con los jueces que deciden sobre las propuestas de espionaje de la inteligencia española y argumentan que en absoluto habrían cubo el gastado bueno a esas escuchas masivas por desliz de causa reglamentario.
El espionaje de forma indiscriminada a un colectivo por razones políticas no tiene cabida en nuestro sistema reglamentario y no existe vía alguna por la que podría haberse consentido. Por lo que, o proporcionadamente no se ha podido producir de forma indistinta o no se ha podido realizar bajo el ámbito reglamentario.
Fuentes de inteligencia asimismo han deslizado que el número de espiados sería sensiblemente inferior al que ha filtrado The Citizen Lab. Garantizan que muchos de los que están en esa relación en absoluto han sido “objeto de investigación”.
La probidad siempre ha cubo el gastado bueno
La información filtrada hoy choca de pleno con las acusaciones del independentismo por la supuesta marcha de intervención contencioso alguna en el caso Pegasus. El CNI y las fuentes judiciales consultadas basan la legitimidad de las escuchas en que la ley reguladora del sevircio secreto castellano, aprobada dos décadas antes, le atribuye la tarea de “preparar y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”.
De hecho, hace siete abriles y en tiempos de Mariano Rajoy, se fundó una nueva mecanismo en el CNI de Defensa de los Principios Constitucionales, que se dedica a conseguir información sobre movimientos de índole separatista. Estos dos puntos son las bases para que el poder contencioso diese su autorización a las escuchas.
Los teléfonos institucionales, fuera de la ecuación
Las fuentes de inteligencia que cita El País admiten tener estrechado el cerco sobre cargos públicos independentistas. Matizan, eso sí, que las intercepciones se han realizado en sus teléfonos particulares, y en ningún caso en los dispositivos que utilizaban para cultivar sus cargos públicos o de representación.
Según defiende fuentes de inteligencia, empleaban los dispositivos personales para contactar con grupos de “carácter violento”, como considera que son los Comités de Defensa de la República (CDR), y que ven detrás de los disturbios ocurridos durante el seso del procés y su posterior sentencia.
Todas estas actividades, según garantiza la inteligencia española, han sido autorizadas por el magistrado del Supremo que se encarga de controlar las labores del CNI.
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