Y al séptimo día sí, el Govern de la Generalitat pidió dimisiones. Luego de que el lunes pasado se destapara el espionaje mediante Pegasus a más de sesenta activistas e independentistas –entre otros–, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, subió el tono con esta nueva exigencia. Las explicaciones y las medidas que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comunicó ayer en persona en el Palau de la Generalitat, como una investigación interna en el Centro Franquista de Inteligencia (CNI) o la desclasificación de documentación reservada, no convencieron al Govern ni un cima. Todo lo contrario.
En linde con lo que dijo ayer Oriol Junqueras en una entrevista en La Vanguardia , en el Govern piensan ahora que tiene que sobrevenir dimisiones. Si no las hay, habrá “consecuencias graves”, avisó Vilagrà.
La desidia de acuerdo pone en dificultades al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Hay prisa en la Moncloa, ya que el día 28 será la votación por la cual se debería de convalidarse el decreto de medidas para hacer frente a los artículos en España de la enfrentamiento en Ucrania. Pero es difícil que caigan, porque de este decreto cuelgan multitud de medidas de derrotero financiero y social a las que Bildu ya dio el viernes el gastado bueno, en medio de toda esta polémica.
ERC tiene un pacto de coordinación en el Congreso con los abertzales, por lo tanto, es probable que los republicanos aprieten, pero no ahoguen. Aun así, el Gobierno y Pedro Sánchez pueden acaecer por un aprieto, porque antiguamente del jueves hay sesión de control en el Congreso, con preguntas dirigidas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien cuelga el CNI. Luego puede sobrevenir más situaciones comprometidas, como la ley de Memoria Democrática o la reforma de la “ley mordaza”.
La consellera Laura Vilagrà no asistirá finalmente a la nueva cita prevista hoy en la sede del Comité Soberbio Castellano (COE) en Madrid para intentar encontrar una “decisión definitiva” para la candidatura de los Juegos de invierno del 2030. La consellera de Presidencia tomó esta intrepidez para mostrar el desacuerdo con el Gobierno central posteriormente de las medidas “insuficientes” que el ministro Félix Bolaños le comunicó para intentar aclarar el espionaje. En su puesto irá la secretaria universal de Presidencia, Núria Cuenca. El interviú contará esta vez con la presencia de un representante de Aragón, el mentor Felipe Faci, y se produce posteriormente de la controvertida propuesta aragonesa de distribuir por géneros las pruebas en las dos comunidades autónomas.
En todo caso, Pere Aragonès y Jordi Puigneró habían establecido tener cuidado y no pedir que rodaran cabezas. Pero las cuatro medidas para aclarar todo lo sucedido que anunció el ministro, si correctamente no se las tomaron como una tocada de violín, sí que sonaron más en el Govern a una petición de acto de fe que a soluciones verdaderas para enderezar la confianza. “Son insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos”, resumió la consellera.
Félix Bolaños acudió a Barcelona enviado por Pedro Sánchez. O como señalan fuentes de la Generalitat, “empujado por el silencio de su presidente”. Puso sobre la mesa cuatro medidas para poner luces y taquígrafos al espionaje: prometió que el mismo CNI que abrirá una investigación interna todavía colaborará con el Defensor del Pueblo, que ayer se supo que sacará delante su propia investigación.
A la desclasificación si conviene de información reservada, el ministro añadió que se constituirá “de forma inmediata” la comisión de secretos oficiales en el Congreso y que ya ha contactado con todos los grupos parlamentarios para que no haya excepciones y todos puedan formar parte de la comisión y “accedió a información secreta”.
El ministro no apacigua a la consellera con la promesa de colaborar con el Defensor del Pueblo
Pero que se reactive no depende de la Moncloa. La comisión hace abriles que está cerrada porque el PP, Vox y Ciudadanos vetan la entrada de ERC y Bildu. Sin incautación, Alberto Núñez Feijóo parece sobrevenir ablandado el veto y constituiría esta comisión. Pero Esquerra tiene un pase para los populares, no la izquierda abertzale. Ayer, sin incautación, el presidente del Partido Popular criticó que el Gobierno priorizara las explicaciones al Ejecutor catalán por delante de su formación y del Congreso.
Sea como sea, fuentes de la Moncloa se mostraban convencidas de que “todo saldrá correctamente”. Laura Vilagrà, mientras Bolaños ya había gastado con la atención a los medios y visitaba al primer secretario del PSC, Salvador Illa, opinó todo lo contrario en la rueda de prensa posterior. “La reunión no ha ido correctamente”, expresó sin vaguedades antiguamente de avisar que si no hay dimisiones de los responsables del espionaje –que admitió desconocer todavía–, habrá “consecuencias graves”. “Y no vamos de jactancioso”, alertó.
El principal problema que detecta la Generalitat en todas las medidas anunciadas por Bolaños es que la ley de secretos oficiales impide la revelación de la documentación reservada por mucho que se presente frente a sede sumarial, en el Congreso o frente a el Defensor del Pueblo. Siquiera se puede discernir la credibilidad de aquello que pudiera presentar el CNI en la comisión.
La Generalitat considera que las medidas son “vagas, inconcretas y de resultado incierto”
La consellera, encima, planteó una retahíla de inconvenientes: “No puede ser que todavía haya tantas preguntas sobre la mesa. Nos desidia conocer las concreciones de la investigación, cuándo se publicarán los resultados, no sabemos quién ordenó a las escuchas, quiénes tenían conocimiento del espionaje masivo, con qué objetivos se ha realizado, qué se ha hecho con la información y quién la custodia”. “Un escándalo de esta magnitud no se puede dirigir con cosmética”, argumentó.
No obstante, Bolaños defendió las medidas con las cuales, a su parecer, el Gobierno demuestra “la voluntad inequívoca de trabajar para que se aclaren los hechos” y de “reafirmar el compromiso con el Estado de derecho y las libertades”. Asimismo resaltó la evidencia de que la democracia española “es garantista y protege los derechos de los ciudadanos piense como piense” y el compromiso con el diálogo.
En esta linde, enfatizó dos mensajes más: la seguridad de que las instituciones estatales “actúan y actuarán” con respecto a la ley y que el Gobierno de España “comprende la inquietud y preocupación de las personas afectadas” por el espionaje.
Quedan poco más de 72 horas para la votación del día 28. Será el momento en que se compruebe si toda la escenificación de la reunión de ayer en el Palau de la Generalitat, como la exigencia de Vilagrà a Bolaños de conversar sin la presencia de móviles, es actual o no.
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