Suspenso inapelable de Catalunya en políticas sociales y listas de paciencia para la ayuda a la dependencia. No es un caso único. Solo el 12% de las personas bajo el umbralado de la pobreza extrema en España reciben las ayudas prometidas, pero las estadísticas catalanas van en el furgón de posaderas. Es el caso del ingreso reducido animoso, que escasamente llega al 7,1% de los candidatos en Catalunya, el farolillo rojo en esta clasificación.
Galicia y Canarias, con el 9,6% y el 7,6% de cobertura, respectivamente, ocupan la antepenúltima y penúltima plaza de la nómina. En el extremo opuesto de la tabla, Navarra (27,7%), País Vasco (18,4%) y La Rioja (16,6%) ocupan el podio de las comunidades con longevo porcentaje. Si se incluye igualmente a las ciudades autónomas, la plata y el bronce cambiarían de manos y pasarían a Melilla (25,8%) y Ceuta (24,1%).
La ley de Dependencia debería ir a cargo casi al 50% del Estado y las comunidades. Pero una cosa es la teoría y otra la praxis. En el 2020, por ejemplo, el coste de estas prestaciones supuso 9.132 millones de euros, de los que 1.880 lo aportaron los propios usuarios con el copago. Los restantes 7.252 millones procedían de las administraciones públicas, aunque allá de la pretendida corresponsabilidad: el Estado solo aportó el 19% y las autonomías, el 81%. Para tratar revertir la situación y a posteriori de nueve abriles consecutivos de cortaduras, los presupuestos del 2021 preveían una cuota de las arcas centrales de 1.920 millones, lo que suponía un aumento del 48% y una cuota extraordinaria de 623 millones. Puede parecer mucho, pero el Observatorio de la Dependencia denuncia que “el retazo acumulado desde el 2012 por el Estado en dependencia es de 6.321 millones”.La pregunta
Catalunya sale muy mal librada en el postrer barómetro de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, un organismo creado en 1994 y que agrupa a 200 portavoces cualificados del sector. Se tráfico de trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, educadores y juristas con abriles de experiencia y puestos de responsabilidad en instituciones y centros asistenciales. Son testigos directos de lo que denuncian.
Estos profesionales realizan cada año desde su privilegiada torrero radiografías demoledoras. La última, presentada esta semana, es el Observatorio Estatal de la Dependencia, en la que de nuevo Catalunya ocupa las últimas posiciones. Y lo hace no solo porque fracase en la mandato de la vacuna contra la pobreza, como los autores del mensaje definen el ingreso reducido animoso, sino por el crecimiento de las listas de paciencia.
El pasado mes de marzo, un total de 34 representantes, gerentes y directores generales de fundaciones y entidades sociales del sector de la discapacidad intelectual en Catalunya utilizaron las páginas de La Vanguardia para exhalar un durísimo alegato contra la Generalitat, a la que acusaron de tener a las personas con discapacidad “en el olvido”. Un mes más tarde, esa denuncia se ha manido confirmada y ampliada.
El Observatorio de la Dependencia sitúa un año más a Catalunya entre las comunidades con el longevo aureola de la dependencia, es sostener, el longevo tanto por ciento de personas pendientes de tomar prestaciones a las que tienen derecho, un 32% (la media española es de un 14%). Las listas de paciencia catalanas no solo no se han estrecho, “a pesar del incremento presupuestario recibido”, sino que han aumentado un 7%.
Seis mujeres pasean en Bilbao 
“Mal de muchos, consuelo de tontos”, dice el refrán. La situación en el resto de España no es para tirar cohetes: 46.300 personas fallecieron el año pasado en las listas de paciencia de la dependencia (de ellas, 12.744 en Catalunya, lo que supone casi 35 al día). Se tráfico, dice el estudio, de un problema estatal de primera magnitud y que no es achacable sólo a la desliz de financiación, sino a la mala mandato de los gobernantes.
El Servicio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas se conjuraron en el 2020 y suscribieron un plan de choque para someter las listas, pero las desigualdades entre autonomías son enormes. Madrid, con un 63% menos, Aragón (-42,2%), Castilla-La Mancha (-38,8%) y Asturias y Andalucía (ambas con un -32,2%) han cumplido el objetivo. No lo han hecho Canarias (+23%), La Rioja (+16%) y Catalunya (+7%).
Manoli cuida de su hijo 
En el 2021 el plan de choque debería deber sacado a 60.000 personas de las listas de paciencia, un 25,8%, pero al final solo fueron 38.807, un 16,7%. A este ritmo, y sin contar con las personas que se vayan incorporando a la solicitud de las prestaciones en los próximos abriles, se tardaría “un quinquenio en conquistar la plena atención”. Los profesionales denuncian que “se está abandonando sin atenciones” a casi 400.000 personas.
Esa monograma resulta de los 317.942 solicitantes que siguen a la paciencia de resolución. A ellos hay que añadir 44.656 que ya han obtenido una prestación pero aún no la perciben y 34.189 “que las comunidades autónomas no han registrado y están pendientes de valorar”. El tiempo de paciencia medio es de 421 días. Se ha progresista un poco: hace dos abriles eran 423.265 personas y un tiempo de paciencia medio de 430 días.
El plan de choque, dice la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha rematado reactivar el SAAD. Y si no lo ha hecho más ha sido “por la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos”. SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) son las siglas de la ley 39/2006 para “la promoción de la autonomía personal y atención” a las personas vulnerables.
Esa “burocracia e impericia” ha permitido que fallecieran 46.300 personas esperando una ayuda que no llegaba y que ya les había sido concedida. Pero mientras eso pasaba, se quedaban sin comprar casi 75,8 millones de euros de los concedidos por el Servicio de Derechos Sociales. Si esa cantidad se hubiera invertido, “se podría deber atendido a 13.000 nuevas personas”. No hubieran recibido caridad, sino ayudas que son suyas.
Dos padres y su hija 
Y no son prestaciones y servicios generosos, sino “cada vez de pequeño intensidad e insuficientes”. Así lo revelan las ayudas por cuidados familiares, que solo cobran 480.000 personas, generalmente mujeres, con un cuantía medio inferior a los 237 euros mensuales. Hay tres tipos de niveles de dependencia: I, II y III. La cuantía para el división I, el más copioso, es de 138 euros al mes; para el II, de 240; y para el III, de 333.
¿Qué significan estas cifras? Básicamente, que España no tiene plazas asistenciales ni centros de día para todos sus dependientes. Ello obliga a que los cuidados recaigan casi siempre en madres, esposas o hijas, que se dedican en monopolio a los suyos a cambio de sumas irrisorias. En teoría, el SAAD ha crecido mucho, “pero ha sido en gran medida a colchoneta de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con división I”.
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