"Cuando las democracias incurren en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece sobrevenir ocurrido en Catalunya, merecen una condena". Esta frase se incluye en un editorial de The Washington Post en el que el prestigioso rotativo norteamericano se hace eco del espionaje masivo a líderes políticos y activistas independentistas revelado por The New Yorker y The Citizen Lab como un ejemplo paradigmático del uso de herramientas de espionaje de suscripción tecnología de terceros como Pegasus en democracias y hace hincapié en la carencia de una regulación universal sobre ello.
Bajo el título Democracies shouldn’t surrender to a future of limitless surveillance (Las democracias no deberían rendirse frente a un futuro de vigilancia ilimitada), el Post concluye que tras conocerse las informaciones sobre el uso en todo tipo de regímenes, democráticos o no, "las democracias no deberían rendirse a un futuro de vigilancia ilimitada; deberían batallar por uno mejor".
El rotativo considera que incluso cuando se usa software infiltrado "con aprobación procesal o argumento constitucional", se sigue "causando daño al otorgar legalidad y apoyo financiero a un producto exportado a lo generoso y orgulloso para todo tipo de malversación" en sugerencia al software Pegasus de la empresa israelí NSO utilizado en el espionaje en Catalunya.
Por ello, el diario entiende que las democracias deberían intentar crear "incentivos" para que las empresas y los países que quieran traicionar o utilizar estas herramientas lo hagan "de modo responsable". Para el Post, la única posibilidad a la "proliferación desenfrenada" de herramientas de este estilo es que los estados comprometidos con la protección de las libertades civiles "se unan para redactar algunas reglas".
Reglas globales al comercio del spyware de terceros
De entrada, The Washington Post propone que los países que albergan empresas de spyware deberían consentir a impedir las licencias de exportación a cualquier destino "con circunstancias de atropello o sin un ámbito para proteger los derechos humanos". Del mismo modo, aboga por que estos países deberían comprometerse a no importar software infiltrado del mismo conjunto de lugares.
El diario ve cierto usar spyware para rastrear terroristas o participar en espionaje cierto contra objetivos extranjeros, pero advierte que el software infiltrado debe regirse por el estado de derecho y las limitaciones impuestas para evitar el atropello, especialmente a nivel franquista.
El rotativo asegura que "los peores infractores de las libertades civiles, como China y Rusia, ya están vendiendo su propio software infiltrado en todo el mundo" y alerta que las democracias "no deberían rendirse a un futuro de vigilancia ilimitada; deberían batallar por uno mejor". Adicionalmente, señala que estas democracias "podrían estar socavando su propia seguridad franquista" y recuerda que Citizen Lab descubrió que en el 2020, Pegasus comprometió un dispositivo conectado a una red en 10 Downing Street, la oficina del primer ministro inglés Boris Johnson.
Publicar un comentario