La consellera de Imparcialidad, Gabriela Bueno, ha agradecido hoy que el reglamento que debe explicar el nivel de exigencia de valenciano para el ataque a la función pública tardará entre uno y dos abriles en ser verdad, es proponer, no podrá estar en vigor esta tiempo. Un retraso en la puesta en marcha provocado en gran parte por la yerro de acuerdo de los últimos abriles entre el PSPV y Compromís.
Bueno es partidaria de exigir el mismo nivel que certifique el sistema educativo conocido en la etapa obligatoria
Encima, ha agradecido que está abierta a lograr a un acuerdo "legítimo" con Compromís, partido que se ha opuesto al crónica de la comisión de expertos que plantea exigir el nivel B2 de valenciano al stop funcionariado de la Sucursal valenciana. Pero ha despabilado que este acuerdo no puede contemplar "un plus", y que es partidaria de exigir el mismo nivel que certifique el sistema educativo conocido en la etapa obligatoria.
La posición de la coalición valencianista no ha variado. Su síndica, Papi Robles, ha vuelto a subrayar hoy que "el nivel C1 de valenciano" o "mitjà" debe ser un "requisito imprescindible" para los funcionarios en la Comunitat y ha asegurado que así se lo ha trasladado al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig en la reunión que han mantenido esta mañana.
Respecto a la concurso de Compromís se ha mostrado persuasivo: "Creo que mi responsabilidad es poner en marcha la elaboración del reglamento y llevarlo al Consell lo antiguamente posible, porque la ley establecía el plazo de un año para la aprobación del reglamento".
"Si hay discrepancias se intentará solucionar como siempre, somos un gobierno de coalición, muchas veces hemos tenido puntos de tino diferentes. Soy partidaria de dialogar lo necesario, pero creo que el decreto no puede sobrevenir por exigir niveles superiores a los que garantiza el sistema educativo a toda la ciudadanía", ha subrayado la consellera.
La consellera cree el sistema educativo debería certificar el nivel C1, como sucede en Galicia, y quiere que los alumnos acaben sus estudios con el longevo nivel posible de valenciano. Pero ha insistido en que si no se cuestiona ni se exigen pruebas extra de castellano, debe suceder lo mismo con el valenciano.
"El decreto exige lo que garantiza el sistema educativo; si se garantiza que los alumnos acaban con un B2, se pide un B2. Mi aspiración es que hablen y escriban tan correctamente en un idioma como otro, porque hemos de tener el nivel necesario para responsabilizarse responsabilidades en los puestos más altos, pero creo que el sistema educativo ha de dar ese nivel", ha subrayado.
En este sentido, ha aclarado que la tramitación del reglamento ha de ir acompañada de un decreto de homologación de niveles lingüísticos del valenciano que ha de poner en marcha la Conselleria de Educación y que aún no se una verdad.
Bueno dilación el decreto de homologación de niveles lingüísticos de valenciano de Educación para tramitar el reglamento
"Yo coincido con la posición de que, una vez superado el Bachillerato, se reconozca el nivel C1, como se hace en Galicia o Catalunya. Lo importante es que el valenciano deje de ser considerado un mérito, y no hacerlo esta tiempo sería un gran fracaso", ha opinado.
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha lamentado que la consellera de Imparcialidad, Interior y Sucursal Pública, Gabriela Bueno, "no está jugando en rotundo a valimiento" del valenciano, sino que "más correctamente es un problema y un obstáculo". Por ello, solicita al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que intervenga para "restablecer el consenso" en cuanto a la exigencia del conocimiento de esa germanía en la función pública. Así lo ha expresado el secretario de ACPV, Toni Gisbert, a posteriori de las manifestaciones realizadas este martes por Bueno en las que ha aseverado que pondrá en marcha "ya" el decreto para regular la capacitación gramática con el objetivo de alcanzar a la función pública valenciana y buscará acuerdos con Compromís para que sea permitido.
Este requisito o exigencia de capacitación tendría un periodo transitorio de implantación de entre uno y dos abriles, para que no afecte a todos aquellos que están en etapa de exámenes o preparando alguna concurso.
Papi Robles ha agradecido que la propuesta del área de Función Pública (PSPV) es diferente a la de la Conselleria de Educación que dirige su compañero Vicent Marzà, pero ha despabilado que no piensan "renunciar" a que se exija el 'mitjà'.
Y es que, a su cordura, los funcionarios de los grupos A1 y A2 deben tener suficiente formación como para atender en valenciano, preservando así el derecho de la ciudadanía a que la empresa les responda en las dos lenguas oficiales
La Generalitat Valenciana reducirá la temporalidad de las plantillas públicas del 50% al 8% que marca la ley gracias a una convocatoria de empleo extraordinaria de más de 3.000 plazas y a los procesos de estabilización que ya están en marcha. En total, se estabilizarán un total de 8.499 puestos.
Así lo ha indicado la consellera de Imparcialidad e Interior, Gabriela Bueno, en un desayuno con medios de comunicación en relación con planes de estabilización para la reducción de la temporalidad en la Sucursal pública.
Para alcanzar el objetivo del 8%, se va a convocar una Proposición de Empleo Sabido (OPE) extraordinaria de 3.009 plazas. Esta OPE se suma a los procesos de estabilización de puestos de trabajo interinos de las OPES de 2017, 2018 y 2019, que están en marcha y con las que se cubrirán 5.490 puestos.
La Función Pública valenciana cuenta con 9.667 personas interinas, de las cuales 8.310 están en puestos estructurales y, de ellas, 6.503 no tienen titular. La Sucursal Genérico valenciana tiene una plantilla compuesta por 19.072 personas entre personal funcionario de carrera, suplente y personal sindical.
Bueno ha explicado que cuando el Botànic llegó al Gobierno en el año 2015 la interinidad rozaba el 20-25% y siete abriles a posteriori se ha llegado al 50%.
La interinidad ha crecido tanto porque la creación de las plazas no ha podido convertirse a posteriori en plazas estructurales para sacarlas a ofertas públicas de empleo ya que la tasa de reposición lo ha impedido, ha explicado la consellera.
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