La ampliación de las bolsas de trabajo convocada el pasado mes de marzo en el Consistorio de Barcelona sigue trayendo pan dulce. La polémica surgió al trascender que al menos 17 cargos de confianza y personal eventual del Consistorio vinculados en diverso punto con los representantes de BComú en el gobierno municipal y a la formación política que lidera la alcaldesa Ada Colau aprobaron las primeras pruebas de esta selección. Ahora, Juristes Llibertats (una asociación de juristas que nació contra el proceso independentista) han presentado una demanda contencioso-administrativa por presuntas irregularidades, como la imparcialidad de los miembros de la comisión de selección y han pedido la suspensión de las asignaciones de plazas que afectan a los cargos de confianza.
Esta ordenamiento cuestiona en primer oportunidad la composición del comité de selección para ampliar las bolsas de trabajo. “El significativo número de miembros del Consistorio municipal presentados a la convocatoria podría vulnerar el principio de igualdad en el comunicación a la función pública y perjudicar los derechos y oportunidades de otros aspirantes”, mantiene el abogado Manuel Miró, quien añade que “estamos frente a un caso de amiguismo donde cargos que deben su posición gremial a sus jefes les devuelven el merced dándoles comunicación a un empleo conocido, lo que supone un perjuicio frente a otros ciudadanos sin conexiones políticas o
que no militen en la trayectoria de Ada Colau”.
Junts per Catalunya llevará la convocatoria en presencia de el Síndic y el Comité de Ética del Consistorio
El arbitrio hace remisión a varias irregularidades como el incumplimiento de las normas de paridad en la designación y composición de la comisión de selección, la hendedura de la seguro de imparcialidad de sus miembros, o el incumplimiento del deber de contención por infracción de los principios éticos. La asociación pide que se declaren nulas las resoluciones municipales del 7 y del 11 de marzo, en las que se aprobaron la designación de miembros de la comisión de selección y la índice definitiva de admitidos y excluidos. Habrá que ver ahora si se admite a trámite este nuevo arbitrio contra la agencia de Colau. De momento, de las merienda causas que se han presentado contra la alcaldesa, diez han sido archivadas.
La demanda se suma a las numerosas críticas que ha suscitado este proceso de ampliación de las bolsas de trabajo municipales. A la convocatoria se aceptó la inscripción de unos 16.000 aspirantes, aunque solo se presentaron unos 8.000, que en su mayoría (más de 5.000) lograron aprobar. En primer oportunidad, lo que sorprendió e indignó a algún sindicato es que las pruebas se hicieran, a diferencia de las convocatorias anteriores, sin un temario establecido. La entonces presidenta del género municipal, Elsa Artadi, destacó este aspecto y advirtió que la formación presentaría esta convocatoria en presencia de el Comité de Ética del propio Consistorio. La formación confirmó ayer que todavía pedirá al Síndic de Greuges municipal que esclarezca si los cargos de confianza (17 de Barcelona en Comú y dos del PSC) han tenido más facilidades o no, que el resto de candidatos que se presentaron a la convocatoria.
En presencia de las críticas de la examen, el concejal de BComú Eloi Badia, decidió dar un paso a espaldas. Él, yuxtapuesto con el comisionado de alcaldía de Diálogo Intercultural, Khalid Ghali, o el consiliario de distrito Ancor Mesa, son tres de los altos cargos de Colau que habían superado la primera período del proceso. La índice de admitidos con relación directa con el gobierno municipal alcanza casi la veintena.
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