La Comisión Europea dio ayer un paso que puede ser central para que Polonia, cuyo Ejecutante preside ahora Mateusz Morawiecki, disponga de los 36.000 millones de euros que le corresponden del fondo europeo de recuperación pospandemia, siempre y cuando haga ciertas reformas legales que atenúen su control de la judicatura.
Desde su entrada en la Unión Europea en el 2004, Polonia y incluso Hungría han tensionado progresivamente sus relaciones con este organismo, a pesar de que han sido dos de los países, en particular el primero, que más fondos comunitarios recibían. Los motivos de estas tensiones están relacionados con sus políticas iliberales, que se han traducido en intrusiones políticas en el ámbito de la ecuanimidad, comprometiendo su independencia, o en el de la prensa, o en el de las oenegés, así como en restricciones de los derechos y libertades de los ciudadanos o en el trato dispensado a los inmigrantes.
La invasión de Ucrania rehace las alianzas y equilibrios en el esquema comunitario
Dichas políticas iliberales colisionan abiertamente con principios fundacionales de la Unión Europea como son el respeto a los derechos humanos, a la democracia y al Estado de derecho. Bruselas se ha opuesto a estas derivas políticas de los mandatarios polacos y húngaros, y lo ha hecho con buen criterio, puesto que la UE carecería de sentido si se olvidara de sus ideas constitucionales. Acullá de mostrarse atentos a estas reconvenciones, Polonia y Hungría han respondido con excesiva frecuencia bloqueando decisiones que precisaban de la unanimidad comunitaria, relativas, por ejemplo, a la lucha contra la crisis climática. Ciertamente, un camino erróneo.
Es por ello que la UE acabó imponiendo sanciones a Varsovia y a Budapest allí donde más podía dolerles: en la retención de fondos estructurales. Unos fondos que suponen una parte muy considerable de los posibles de dichos países. De ahí que presentaran expediente frente a el Tribunal de Honestidad de la UE, con sede en Luxemburgo. Por cierto, sin éxito: inconcluso el mes de febrero, el mencionado tribunal rechazó el expediente, señalando precisamente que la quebrantamiento de principios legales considerados como intocables no era en ningún caso de recibo.
Esas diferencias de la UE con países como Polonia, Hungría, y en pequeño medida con los otros del llamado Familia de Visegrado (Eslovaquia y República Checa) se han mantenido con intensidad creciente durante los últimos primaveras. Pero la invasión de Ucrania por Rusia y la distinta reacción de unos y otros ha destruido agrietando la mecanismo de Visegrado. Polonia ha temido poder sufrir la misma suerte que Ucrania, a manos de Rusia, y ha tomado una posición de claro rechazo del expansionismo de Putin, encima de acoger a un gran número de refugiados y sumarse al giro de armas a los combatientes ucranianos.
De hecho, la invasión de Ucrania ha tenido inesperados género positivos sobre la cohesión de la UE, que ha reaccionado fortaleciendo su política de defensa y lleva camino de ampliar el paraguas de la OTAN. (Ayer mismo, Dinamarca celebró un referéndum para unirse a la política de defensa europea, en sintonía con las peticiones de ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia). Todavía ha mostrado su mecanismo a la hora de aplicar sanciones a Rusia, como por ejemplo las del sexto paquete convenido esta semana.
Este extremo paquete conllevó alguna concesión comunitaria a Hungría, de la misma modo que la audacia de ayer incluso supone cierta concesión a Polonia. Casualidad porque es tan importante preservar los principios de la UE como animar la mecanismo del frente europeo frente a la inexcusable, sangrienta y destructiva invasión rusa de Ucrania.
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