A partir del miércoles 8 de junio entrará en vigor en Catalunya el bono de ayuda a los jóvenes de entre 18 y 35 primaveras que pretendan arrendar una vivienda. Los beneficiarios de esta medida, anunciada en enero pero a la que se puso momento ayer, podrán acoger 250 euros al mes durante dos primaveras, con el objeto de complementar sus capital para arrendar pavimento. Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos, pero se calcula que los 200 millones de euros presupuestados este año permitirán a entre 60.000 y 70.000 personas beneficiarse de la medida.
El Gobierno atribuye esta iniciativa a su inquietud por la suerte de los jóvenes. Motivos no le faltan. Resulta muy preocupante, por no aseverar amenazador, que en la presente casi nada el 15% de los jóvenes españoles de edades comprendidas entre los 16 y los 29 primaveras hayan podido emanciparse, abandonando la vivienda paterna y estableciéndose por su cuenta, en solitario o con otras personas.
La Empresa dará hasta 250 euros mensuales para ayudar a abonar el inquilinato
Esta dificultad para obtener una vivienda propia, o compartida, nos deje de la precariedad profesional en la que viven tantos jóvenes. Podría argumentarse, con razón, que a los 16 primaveras difícilmente se habrán juntado los capital económicos como para hacerse con un domicilio particular. Pero a un paso de los 30, y no digamos a los 35, una persona que lleve, pongamos por caso, cinco, diez o quince primaveras de trayectoria profesional debería percibir lo suficiente como para poder pirarse camino e independizarse sin carestia de estos 250 euros mensuales de ayuda estatal. Correctamente está que se parchee este débito de capital con una medida como la que nos ocupa, que en muchos casos puede ser decisiva para encauzar la vida de un damisela. Pero hay cuestiones de veterano dimensión estructural que son las que propician la precariedad profesional de los jóvenes, con todo lo que de ella se deriva, y contra las que asimismo habría que hacer.
El bono damisela de inquilinato es la medida sino del Plan de Vivienda 2022-2025, dotado con 1.700 millones de euros y presentado por el Gobierno en enero. Dicho plan corre en paralelo a otros como el de Recuperación y Resiliencia, cuyos 4.400 millones de euros de dotación han de contribuir a renovar el parque inmobiliario construido, poco a menudo más crematístico que el derribo de construcciones preexistentes y su sustitución por otras de nueva planta. Entre tanto, la ley de la Vivienda, uno de los compromisos legislativos del coetáneo Gobierno, sigue demorándose, produciendo diferencias entre PSOE y UP, asimismo con las autonomías.
Publicar un comentario