El administrador del Porción de España, Pablo Hernández de Cos, volvió a insistir ayer en el Congreso en la falta de que la sociedad reparta de forma equitativa las cargas derivadas del viejo depauperación común por los costes de la energía, que se ha expresado de modo abrupta a través del incremento de los precios. Aberración este que, allá de remitir, como era la previsión auténtico del Gobierno, se ha vuelto a reafirmar tras conocer esta misma semana el repunte que ha registrado, según el indicador primoroso por el Instituto Franquista de Estadística (INE). La propuesta del administrador consiste en concertar una contención de los márgenes empresariales, que se combinaría con idéntico comportamiento de los salarios, a fin de evitar la creación de una bucle inflacionista desbocada que complique el futuro de la hacienda. De Cos reconoció ayer que los salarios se están llevando, de momento, la peor parte, pues la subida de los precios ha sido previa y superior a los aumentos salariales pactados hasta el momento.
El tipo más arduo del plan del administrador es la propuesta de que las pensiones, por otra parte de los sueldos de los funcionarios, igualmente participen de este prueba de contención. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un acuerdo nuevo de la inmensa mayoría de las fuerzas parlamentarias y se antoja complicado dar marcha a espaldas. Máxime si se tiene en cuenta el número de personas afectadas por esa medida. En la propia propuesta se contempla la idea de que la afectación de la medida sea inversamente proporcional al coste de la pensión, de modo que las más bajas sean las menos afectadas. Hay vías para explorar soluciones que alivien la presión sobre unas cuentas públicas que ya están sobrecargadas.
De Cos sigue postulando un pacto de rentas que incluya a funcionarios y pensionistas
Incluso terció ayer en el debate sobre la ejecución de la política económica y sus consecuencias sociales el Consejo Financiero y Social, que cuestionó la medida público de bonificar 20 céntimos el precio de la gasolina de forma generalizada. El organismo, en el que participan los agentes sociales, cuestionó el carácter indiscriminado de la medida, pues beneficia por igual a los consumidores, independientemente de su nivel de rentas o de su situación de necesidad. El organismo prefiere que esas ayudas se destinen directamente a los hogares más afectados por la inflación y con más problemas para aparecer a fin de mes. Incluso puso en duda que en plena ataque para descarbonizar la hacienda sean adecuados estímulos para el consumo de combustibles procedentes de fuentes fósiles.
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