En junio del 2018 varias mujeres denunciaron agresiones sexuales, demasía de poder y maltrato profesional en los invernaderos de la fresa de Huelva. En total, fueron diez mujeres marroquíes las que lograron escapar de una finca de Moguer donde recibieron el chantaje reiterado del manijero, el encargado de supervisar su trabajo, que amenazaba con dejarlas tiradas si no mantenían relaciones sexuales con él. Su certificación en primera persona se difundió a través de los medios de comunicación nacionales, causando un revuelo, efímero pero transversal, que generó una victimización secundaria a las afectadas tras revivir lo ocurrido y no sentirse respaldadas por mínimo ni por nadie.
El eco de lo acontecido llegó a las autoridades competentes que, tras reprobar lo ocurrido delante los micrófonos para arañar votos, aún no han acabado parar por completo un problema implícito en el interior de cada fresa huelveño. Porque no era un caso retirado; el demasía en todas sus formas sale a la luz anualmente de febrero a junio en alguna de las 6.100 hectáreas de cultivo de la región. Son los meses que los campos del fruto rojo se llenan de mujeres, venidas en gran medida de Marruecos, para cosechar el 95% de la fresa que se cultiva en España. Para poner un ejemplo matemático, el año pasado llegaron un total de 12.725 temporeras marroquíes pese a las limitaciones pandémicas, de las cuales muchas acabaron pernoctando en las instalaciones de las chabolas habilitadas para la ocasión, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad.
El año pasado, 12.725 temporeras marroquíes recogieron fresa en Huelva
El ilustrador El Roto lo resumía con crédito en una viñeta titulada El peso de la fresa para El País. Una jornalera, vestida de sombrío de pies a comienzo, soporta la presión de una fresa gigantesca a sus espaldas. El peso, exagerado e inasumible para un cuerpo humano, empuja a la jornalera contra el suelo sin poder ni tan siquiera condonar la pinta. Humillada, pero sin quejarse, cumple con su costura para cobrar el salario que tanto necesita. La señora de la fresa: extranjera, analfabeta, sola y escaso. Un retrato androide que se repite para suministrar un maniquí de agricultura de exportación intensiva. Y la pregunta es obligada: si la jornalera representa a todas las trabajadoras marroquíes de la fresa de Huelva, ¿a quién o a qué simboliza el colosal fresón que oprime a las mujeres? O lo que viene a ser lo mismo, ¿cómo puede el consumidor enterarse si las fresas que negocio en el supermercado están manchadas de maltrato profesional, demasía de poder y acoso sexual a las jornaleras?
El documentación forense “La situación de las jornaleras en los campos de Huelva”, redactado por el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, La Laboratoria y Museo en Red: va directo al forúnculo con conocimiento de causa, ya que desde la primera página hasta la última rebusca ser una utensilio de soporte documental para que cualquier mujer maltratada en el campo del fruto rojo pueda usar toda esa información relevante con la ayuda de un abogado para denunciar su caso y matar con el abusador entre rejas.
'El peso de la fresa', ilustración de El Roto para El País 
Porque la problemática ya estalla en el país de origen, conveniente a un sistema de contratación de mujeres muy deficiente atiborrado de engaños “en una clara discriminación múltiple por razón de sexo, estado civil y situación hogareño. Las organizaciones patronales, con la connivencia del Gobierno español y el Gobierno marroquí, exige que las trabajadoras contratadas en origen sean mujeres casadas, viudas o divorciadas y tengan al menos un hijo último a cargo en su país”, reza el documentación. Una vez en España, “cada año se recopilan reiterados testimonios de vulneraciones en materia de derechos laborales: no se abonan salarios según convenio, las horas extras no se remuneran, sanciones de empleos y sueldos si no se alcanzan objetivos de productividad, jornadas de trabajo intermitentes y cobros de viviendas y suministros son las vulneraciones más comunes”.
Como era de suponer, uno de los puntos calientes se da en la salida de las fincas luego de largas jornadas de trabajo. Es ahí donde proliferan casos de “retirada de pasaportes, trato humillante o vejatorio por parte de los encargados de las fincas y despidos delante la exigencia del cumplimiento de sus derechos son habituales en los testimonios de las trabajadoras marroquíes”. El documentación especifica que “se han recopilado muchos testimonios que hablan de acoso sexual o por razón de sexo. Estos acosos se manifiestan mediante propuestas sexuales por parte de los encargados de la finca prevaliéndose de la situación de superioridad o adecuadamente a través de chantajes consistentes en exigir surtir relaciones sexuales a cambio de mejoras en la relación profesional, el mantenimiento del puesto de trabajo, autorización para padrón o contratos de trabajo con los que conseguir regularizarse”. Para matar, se incide en que las “actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son deficientes y adolecen de un funcionamiento anómalo respecto al ámbito de sus competencias”.
Uno de los puntos calientes se da en la salida de las fincas luego de largas jornadas
El ruido de fondo cada vez es viejo y, gracias a la presión de Jornaleras de Huelva en Lucha, los casos denunciados alcanzan el ámbito internacional generando acciones destacables a corto, medio y grande plazo, como la exigencia de una reforma profesional, un precio preciso de la fresa para evitar daños colaterales, un nuevo etiquetado más riguroso, sanciones más duras para los que no cumplan con el reglamento y mecanismos de vigilancia internacional a través del Familia de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación en contra de Mujeres y Niños. A la pinta quedan ya dos casos simbólicos, pero que sientan precedente: Lidl ya exige inspecciones laborales aleatorias a los proveedores que llevan frutos rojos a sus supermercados y Sailing Group, un potente conjunto danés, no pondrá más fresas de Huelva a la saldo en sus supermercados hasta que no se garantice el respeto de los derechos humanos de las temporeras.
En un sector capaz de originar casi 400 millones de euros anuales, las heridas emocionales y las cuentas pendientes se amontonan y no allanan precisamente el camino. De aquí la importancia, y la aprieto, de la celebración en abril de este año de la primera Viaje Internacional de Advertencia sobre el Entorno Agrícola Huelveño organizada por el Concejo de Huelva. Por fin se logró reunir a casi todos los agentes implicados para el buen funcionamiento de la producción de la fresa. Y el casi es relevante, ya que no hicieron acto de presencia todos lo que deberían por parte del tejido empresarial, que sigue en el centro de todas las miradas críticas. Manuel Piedra, secretario normal de UPA Huelva, fue el único que dio la cara cuando se había invitado a portavoces de las patronales Freshuelva, Asaja y COAG, que no respondieron a la convocatoria.
“Ni el propio gobierno sabe cómo va a arrostrar a extremidad tal reforma”, dijo delante la audiencia el patrón con un tono abiertamente dolido. “Nadie ha llamado a los empresarios para enterarse nuestro punto de pinta y se está cerrando el acuerdo de reforma profesional entre patronal y Gobierno. Dicho esto, y contrariamente de lo que parece, creemos que la reforma va a perjudicar más a los trabajadores que a los empresarios”. Manuel Piedra hace relato a la nueva metodología de contratación, que obliga a los empresarios a contactar por correo para certificar una dirección postal sin que se pueda cerrar el acuerdo directamente por teléfono con las trabajadoras de campañas anteriores. “Dejan indefenso al trabajador, porque el campo no son matemáticas. La cosecha depende de la tierra, del clima, de la calidad de la fruta, del precio, etc. Algunas de las mujeres marroquíes llevan quince abriles con nosotros; sabemos cómo se llaman con nombres y apellidos, sabemos dónde viven y qué situación económica tienen. Lógicamente, vamos a seguir contratando a las jornaleras más antiguas con las que hemos quedado contentos. Y no por qué lo diga una ley, por sentido global”.
El patrón explicó que tiene hasta 15 mil subsaharianos y subsaharianas en sus viviendas y que un total de 45 mil personas se instalan en las casetas de los empresarios habilitadas durante la cosecha. “Es un engendro que existe y es auténtico, pero nosotros no somos responsables de que ellas elijan poblar allí”. Después, quiso subrayar que la idea extendida de que las mujeres recogen mejor la fresa “es un tópico. No sé quién lo ha extendido. A mí nunca me habréis escuchado decirlo. Depende de la sensibilidad del hombre o de la mujer. Hay muchos morenos, dicho amistosamente, que cogen la fresa mejor que una mujer. No es cuestión de sexo, es cuestión de la persona. Lo que sí es cierto es que la convivencia en las viviendas de la finca es mucho mejor entre mujeres que entre hombres”. Abordando el tema de los abusos y el maltrato, el patrón subió el tono. “De las 527 revisiones que se hicieron el año pasado, el 90% las aprobó con informes avalados por la ONU. Los que no superaron los requisitos legales, la ordenamiento que represento no va a apoyarlos nunca. Lo que me duele es que se hagan generalizaciones afirmando que todos los empresarios de la fresa de Huelva somos unos delincuentes”. Mirando a la portavoz de las Jornaleras en Lucha de Huelva dejó clara su propuesta. “Os invito a cambiar el mensaje y especificar con nombres y apellidos a aquellos que no cumplan. Si se comprueba que han actuado mal, se los debe sancionar y expulsar inmediatamente de esta ordenamiento”.
Era la primera vez que un patrón hablaba abiertamente en estos términos y el aplauso de la audiencia fue sonoro. Pero faltaba la defensa resueltamente de un precio preciso, que impide según el patrón un funcionamiento corriente de la relación empleado/contratante. “Si no tenemos un precio preciso y perdemos capital, que perdemos muchas veces, no podemos acreditar a los empleados y empleadas porque es parte nuestra. Es que son nuestras manos recolectoras; es que sin el trabajador nosotros no podríamos sacar delante nuestra producción. Hay que entender que el patrón arriesga con un hacienda y lo imperceptible que pedimos es recuperar ese capital invertido. Ahora adecuadamente, si un patrón no es capaz de sacar un precio preciso y sacarle rentabilidad a su producto tiene que dejar y cerrar el chiringuito porque el trabajador está para trabajar y cobrar dignamente su sueldo”.
Pequeños grandes logros generados gracias a los esfuerzos de Najat Bassit y Ana Pinto. Ambas se conocieron en una cuadrilla del mar de plástico para la recogida de la fresa. A Ana Pinto, de cuna española, la castigaron mandándola a trabajar con los marroquíes y allí empezó a entablar conversación y amistad con Najat. Entre fresa y fresa hablaban sobre todos los problemas que soportaban sin rechistar. “Éramos mujeres del campo y no sabíamos cómo organizar un colectivo y mucho menos poner a punto todo el papeleo”, dice Najat. Gracias a otras organizaciones ya existentes y la ayuda de periodistas crearon el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, una asociación para ayudar a todas esas mujeres que no sabían a qué puerta avisar. “El colectivo se creó luego de muchos abriles aguantando abusos como trabajadoras de la fresa por parte del patrón, del encargado y de algunos manijeros. No se puede extender, pero solo si tenías suerte podías echar una buena campaña, porque si te tocaba un encargado malo, te amenazaban con no retornar a llamarte para la campaña futuro si no cumplías con sus órdenes”.
Asentamientos para los jornaleros y jornaleras que recogen fresa en Huelva 
Nijat trabajó 14 abriles en una gran empresa del fruto rojo de Huelva hasta que empezó a hacer sindicalismo sin enterarse ni lo que era. “Nadie elige poblar en chabolas sin luz ni agua potable. Las chabolas están rodeadas por muros para que nadie entre o salga sin permiso de la propiedad. Muchas jornaleras están tan endeudadas que se ven obligadas a poblar en esas circunstancias y algunas de ellas acaban vendiendo su cuerpo”, dijo para objetar contundentemente al patrón en la Viaje Internacional de Advertencia sobre el Entorno Agrícola Huelveño. “He conocido alcanzar a mujeres enfermas de cáncer sin maleable sanitaria o a mujeres embarazadas que tuvieron aquí sus hijos sin ningún memorial ni ayuda social al no ser residentes. No saben a quién personarse delante cualquier problema, como por ejemplo denunciar que en Marruecos ya les cobran por consentir a un anuencia como jornalera en Huelva”. Y esto sin inquirir en las presiones que reciben durante su viaje profesional. “Llevamos unos chips para contabilizar la productividad. De esta modo, al día futuro se hace una directorio con las que menos han recogido. Esa directorio se cuelga en todas partes para humillar a las peores delante el resto. Y hay más prácticas abusivas, como no dejarnos arrostrar una botellita de agua en el interior de los plásticos del invernadero en verano, alegando que la fruta no se puede mojar… Nosotras podemos expirar de sed, pero que la fruta no se caldo”.
Su compañera de lucha, Ana Pinto, participó en otra mesa redonda y resumió su vida profesional brevemente en la primera contribución al debate. “En los 16 abriles que llevo en los campos de Huelva, ninguna empresa en la que he trabajado ha cumplido con los derechos tal y como estaban garantizados por anuencia. Por eso, una posible reforma profesional no es la opción, el problema es que no se cumple ni lo que está pactado en el papel”. Ana Pinto recalcó que era consciente de que no todas las empresas del fruto rojo son iguales, “hay unas pocas que cumplen”. Sin dudarlo, el colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha se comprometió a ir de la mano con los empresarios de la fresa que no dijeran que cada una de las denuncias que se hacen públicas es mentira. “Somos las primeras que defendemos un precio digno para los empresarios y sabemos que la condena del sistema comestible exprime las tuercas de pequeñas y grandes empresas que se quedan sin ganancia de maniobra. Pero aquí estamos hablando de derechos humanos universales”.
Porque todo lo que tiene que ver con jornaleras articulado a través de la temporalidad profesional, como la temporada de la fresa, complica mucho la vida, sobre todo en el caso de ellas. “Eso queda claro en el tema de los abusos sexuales”, dijo la portavoz de Fédération des Ligues des Droits des Femmes. “En un mundo en el que las mujeres se sienten privadas de la posibilidad de autonomía económica, el sexo se vuelve un memorial financiero y no hay modo de revertir la situación. Como dijo Yasmin Telal, una de las primeras mujeres marroquíes que luchó contra el desplazamiento, el sistema favorece que la modo de batallar de las mujeres para preservar el trabajo sea vendiendo su cuerpo, mientras que los hombres pueden combatirlo pagando con su esfuerzo en el trabajo. No es la misma lucha y ni mucho menos el mismo cuota”.
Por eso considera que hay un error de cojín en el maniquí de contratación que agudiza la proliferación de consecuencias fatales. “Exigen que sean mujeres de 18 a 45 abriles con hijos en Marruecos para respaldar su retorno. La mayoría de las divorciadas o viudas no son seleccionadas. Algunas de ellas incluso deben firmar documentos que no comprenden con el compromiso de retorno a su país de origen. Siquiera tienen fechas de finalización de anuencia y de esta modo los empresarios pueden empujar a la mujer a regresar cuando quieran, ya que a muchas se les retira el pasaporte. Son maneras de presión que generan mucho estrés porque algunos maridos inician procesos de divorcio y piden la custodia de los hijos porque sus mujeres están fuera del país sin motivo”. En la misma bisectriz opina la portavoz de Collectif de défense des travailleureuses étrangerères dans l’agricutlure (CODETRAS) de Marsella. “En un sistema patriarcal y capitalista, las mujeres están obligadas a interpretar siguiendo ciertos comportamientos sociales de mercaderías. Esto provoca que, aquí en Huelva, la buena migrante es la religiosa que vuelve a su país con sus hijos y la otra es una puta”.
La ordenamiento Probidad Alimentaria, que lleva abriles denunciando abusos, estudiando casos y valorando posibles soluciones, apunta directamente a la agricultura industrial insertada en las grandes cadenas del mercado internacional como cifra desencadenante. “Necesitan trabajadoras y trabajadores con bajo salario y malas condiciones laborales. No se proxenetismo de una osadía empresarial de ser más o menos responsable, se proxenetismo finalmente del esquema de producción y comercialización. La explotación es condición para pugnar en esa lazo”, apunta Javier Guzmán como director de la ordenamiento. “Podríamos afirmar que la agricultura intensiva de exportación depende de la existencia de una población socioeconómicamente pasivo, reproducida de modo permanente, que permanezca en los campos para objetar, rápida y disciplinadamente, a las micción del capitalismo agreste”.
En este ámbito de comportamiento se inserta España, ya que la carne de porcino industrial, la fruta y verdura de invernaderos y la producción de frutos rojos requieren de un maniquí muy concreto para dar respuesta a la demanda de exportación de países como Alemania. “No es un engendro exclusivamente gachupin, aquí se manifiesta de esta modo, pero tenemos esquemas parecidos en otros países. Podemos aseverar que en verdad no es mínimo nuevo, sino que se parece mucho a lo que se llamó en el siglo XVI 'asientos de negros' que puso en marcha la Corona española. Las colonias americanas necesitaban mano de obra, sobre todo para las plantaciones agrícolas agroexportadoras, conveniente a que la población locorregional había sido eliminada por diferentes vías. Se ideó entonces la contratación, en origen, de personas esclavas africanas para trasladarlas a las explotaciones americanas”.
Respecto a posibles soluciones, como la subida de precios, un sello nuevo identificable vacante de esclavismo o descentralizar la producción de Huelva, Javier Guzman lo tiene claro: “Si en realidad se quiere respaldar una producción sin explotación, el único camino es reconvertir este maniquí, desconectarlo de los mercados globales, priorizar los modelos de agricultura hogareño, basada en sistemas alimentarios locales y uniforme con los límites ecológicos y climáticos. Cualquier otra cosa es hacernos trampas al solitario. La inmensa mayoría de los sellos que decoran los envases de los alimentos los ha inventado la propia industria alimentaria, que ha disfrazado sus productos de lo que cada vez más personas desean comprar. Certificados que están diseñados para ser fácilmente cumplidos por sus asociados, y que por otra parte producen un emoción placa sobre las pequeñas explotaciones que sí son sostenibles y justas. Al final tenemos la paradoja de que el peor maniquí industrial será el que más sellos tenga”.
Por postrer, el director de Probidad Alimentaria específica actuaciones inevitables si lo que las autoridades pretenden es poner fin al problema sin volcar toda la responsabilidad al consumidor. “Necesitamos ratificar el Convenio 143 sobre trabajadores migrantes de 1975, ratificar el convenio sobre la seguridad y la sanidad en la agricultura de 2001, así como ratificar la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990. Ya ven, podemos pensar que al estado se le habían olvidado en algún cajón… Hacer efectiva ya la cláusula de condicionalidad social aprobada de la PAC, de forma que quién explote a personas reciba sanciones a la hora de cobrar las ayudas económicas sin esperar la osadía del Profesión de Agricultura en 2024, que es una táctica para vencer tiempo”.
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