El gobierno del primer ministro Boris Johnson superó un desafío permitido a su controvertida política de comenzar a deportar a los solicitantes de orfanato a Ruanda cuando el Tribunal Superior desestimó los intentos de los migrantes y activistas de obtener una orden legislativo. Y dio luz verde a que el primer planeo pueda partir la próxima semana.
Abogados que representan a dos de los migrantes afectados iniciaron a principios de esta semana la petición permitido que el viernes valoró la corte londinense, mientras que otras cien personas han puesto en marcha asimismo acciones judiciales a través de organizaciones benéficas y un sindicato
El mediador Jonathan Swift se negó el viernes a estrechar la expulsión de los solicitantes de orfanato iraquíes y sirios y negó una orden legislativo para prohibir el primer planeo a Ruanda.
Raza Husain, en representación de los demandantes, argumentó hoy delante la corte que el procedimiento "no es seguro" para sus representados y criticó la "arbitrariedad" del proceso.
El magistrado Swift, en cambio, consideró "ecuánime" extender una "exención genérica" a los migrantes que van a ser enviados a un centro en Ruanda. Dijo que algunos de los riesgos que enfrentan los solicitantes de orfanato deportados descritos por las organizaciones benéficas eran pequeños y "en el ámbito de la especulación". De todos modos, se prórroga que el caso sea trasladado el lunes a la Corte de Apelación.
El Ejecutor ha notificado ya a cerca de 130 inmigrantes que ha iniciado el proceso de deportación. Y el próximo martes ha fletado un primer planeo en el que quiere trasladar a 31 personas al país africano, aunque durante la audiencia del viernes, el gobierno canceló la deportación inmediata de al menos cinco personas.
La ministra de Interior, Priti Patel, sostiene que sus planes desincentivarán la arribada al Reino Unido de inmigrantes a través del canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, aunque más de 3.500 personas han llegado a suelo sajón en pequeñas embarcaciones desde mediados de abril, cuando se dio a conocer el plan de Ruanda, según cifras del gobierno.
En noviembre, 27 personas se ahogaron en el Canal cuando su pequeño respingo de preservativo se desinfló, y muchas otras tuvieron que ser rescatadas de la estrecha vía marítima, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Bajo el esquema del gobierno, cualquier persona que haya llegado al país por medios considerados "ilegales" desde el 1 de enero podrá ser trasladada al país africano. Una vez allí, se valorará su solicitud y, si es aceptada, se les ofrecerá alojamiento de larga duración en Ruanda.
Rose Hudson-Wilkin, líder de suspensión rango en la Iglesia de Inglaterra con sede en Dover, donde llegaron muchos de los inmigrantes, dijo que se sentía "profundamente avergonzada" por la valor de la corte. "Es inhumana", lamentó.
Rodeando de 30 solicitantes de orfanato han sido seleccionados para su expulsión. Durante la audiencia del viernes, el gobierno acordó darse la deportación inmediata de al menos otras cinco personas.
El príncipe Carlos, heredero de la Corona británica, ha calificado en privado de "espantosos" los planes del Gobierno de su país de expedir a Ruanda los demandantes de orfanato que llegan al Reino Unido de forma ilegal, según el diario 'The Times'.
El príncipe de Gales, que representará a la reina en la próxima cumbre de la Commonwealth este mes en Ruanda, se siente "frustrado" por la política migratoria del Ejecutor del conservador Boris Johnson, de acuerdo con una fuente anónima citada por el rotativo.
"Está poco más que frustrado con esa política. Dijo que cree que todo el enfoque del Gobierno es espantoso. Está claro que no le impresiona el rumbo del Ejecutor", señaló la fuente.
La residencia oficial de Carlos, Clarence House, no desmintió oficialmente las declaraciones, aunque recordó la neutralidad política del heredero de Isabel II.
"No comentaremos sobre supuestas conversaciones privadas con el príncipe Carlos, excepto para recapacitar que sigue siendo políticamente indeterminado. Las cuestiones sobre políticas son decisiones del Gobierno", señaló un portavoz de Clarence House.
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