Los 32 apartamentos construidos con el manido bueno del Concejo de Alcanar en plena fiebre del tocho, en el 2003, saldrán caros a sus vecinos. El Consistorio aprobará hoy en el pleno un crédito de 2,2 millones para indemnizar a los 24 propietarios de los chalets, todos segundas residencias menos en un caso, que deben ser derribados por orden legal.
El desembolso de capital conocido, casi cuatro millones de euros cuando se culmine el proceso, es descomunal para un Concejo con un presupuesto de nueve millones. “Condicionará todas las inversiones, presentes y futuras”, lamenta el corregidor, Joan Roig (ERC). El caso Turov tiene su origen en las 32 licencias de obras concedidas por el Concejo en el 2003, con el PSC en la alcaldía. Se dio osadía a la constructora para sublevar 32 chalets, cuando el tope eran nueve unifamiliares.
El gobierno municipal está sorprendido porque el árbitro obliga a avalar las indemnizaciones antiguamente de la demolición. En el 2018, el Consistorio tuvo que indemnizar con un millón a la constructora propietaria de ocho de los chalets que no se habían conseguido traicionar. “Es la crónica de una tragedia urbanística y económica por una mala praxis anunciada. Se priorizaron intereses personales”, dice Roig.
Los dueños, muchos de Barcelona, Lleida o Aragón, compraron una segunda residencia en el delta del Ebro sin sospechar que las casas eran fruto de un pelotazo. Ellos y sus familias viven con amenaza de derribo desde el 2012. Si prosperan las demandas por daños morales, la disposición será veterano.
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