El esperado plan de choque del gobierno suma cheque de 200 euros para las familias con ingresos inferiores a los 14.000 euros, retazo de hasta el 50% de los bonos de transporte y la ya anunciada deducción al 5% del IVA de la luz. Estos costes se compensarán parcialmente con un impuesto a los beneficios de las energéticas que entrará en vigor el próximo año, pero con aplicación sobre el entrenamiento presente.
Una panoplia de medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado reivindicándose como defensor de las clases medias y trabajadoras. “Este Gobierno tiene claro a quién sirve y para quién gobierna, para la clase media y trabajadora de este país”, ha claro, añadiendo que “es un Gobierno fastidioso para determinados intereses, que tienen sus terminales mediáticas y políticas….no es un gobierno cómodo para determinados poderes”. Como colofón, ha añadido que "no nos van a debilitar".
Medidas
El Ejecutor cree que su plan contendrá la inflación un 3,5%
Lo ha hecho al presentar la panoplia de medidas que ha tenido que negociar duramente con el otro socio de Gobierno, Podemos, que ha insistido en ir más allá en mucho de los aspectos. El retazo del IVA de la luz ya estaba anunciado, la extensión hasta final de año igualmente. Y la deducción de 20 céntimos a la gasolina igualmente, que por cierto, sigue sin distinción por renta, tanto por razones políticas, cubrir a toda la población, como técnicas, la dificultad de establecer un mecanismo que discrimine.
Quedaba el resto de medidas. Por ejemplo, la deducción del transporte sabido de la que Podemos había hecho bandera. Finalmente, queda en una deducción del 50% del estiércol mensual para los transportes dependientes del Estado, y del 30% de los que dependan de Comunidades Autónomas y municipios, que podrán aumentar si quieren y pueden la cobertura. Una medida que entrará en vigor el 1 de septiembre.
Nuevas medidas
Podemos pedía que el cheque para personas vulnerables fuera de 300 euros
Por otro flanco, a los asalariados, autónomos y desempleados que vivan en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros, tendrán una ayuda de 200 euros. Esta medida ha sido negociada a fondo con Podemos. Por un flanco, se ha pasado de los 300 euros que reclamaba el socio minoritario a 200 y igualmente se ha corto el montante a partir del cual se puede obtener a la ayuda. Ha quedado en 14.000 euros. La ayuda llegará a 2,7 millones de personas.
Los pensionistas no pueden optar a esta ayuda, aunque el paquete permitido igualmente incluye un aumento del 15% de las pensiones no contributivas.
En completo, el esfuerzo que va a hacer el gobierno, con las medidas adoptadas hace tres meses y las de hoy, deberían contener 3,5 puntos la inflación, según los cálculos del Gobierno. Es aseverar, si no se hubieran recogido, la inflación media del año subiría 3,5 puntos más. Para ello, las medidas adoptadas hoy suponen un coste de 9.000 millones sumando ayudas y rebajas fiscales.
Esto por el flanco de las rebajas, convenientes para disminuir la inflación y más que necesarias para lograr a fin de mes. Pero, queda el aspecto de los ingresos. De si se traducía del mensaje tantas veces arrojado los últimos días de que las empresas energéticas pagarían su parte de la nota. Bandera de Podemos pero a la que el PSOE igualmente se sumó, con más moderación.
Lo que se ha decidido es que se tramitará un impuesto sobre las empresas energéticas que gravará ya los beneficios que estén obteniendo este mismo año. Es un censo, que no se ha especificado aún que forma tomará, pero que iniciará en las próximas semanas su tramitación como ley, lo que llevará unos cuantos meses. Sin bloqueo, el Gobierno asegura que gravará ya los beneficios de este año de las energéticas. Concretamente, precisan que colocarían el devengo del nuevo impuesto a 31 de diciembre de 2022, de forma que “el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero afectaría al entrenamiento de 2022”.
Precisamente, el plazo de la aplicación de este impuesto era igualmente una de las grandes discusiones entre los socios de la coalición. Aquí se mezclan la audacia política de consignar a estas empresas con la dificultad técnica de la constitución para conseguirlo. Tiene que ser una ley, no puede ser un decreto, y encima, con solidez jurídica, para sortear los previsibles bienes que plantearan los afectados.
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