Nuevo contratiempo contencioso para Más Madrid en medio de la tormenta por su proceso de transformación en marca franquista. El tribunal de instrucción número 5 de Móstoles ha citado como investigado al portavoz de Más Madrid Triunfar Móstoles, Gabriel Ortega, tras la admisión de una querella por los posibles delitos de "suministro desleal, en concurso con delito de falsedad contable, delito fiscal y apropiación indebida" en su etapa al frente del Instituto Municipal del Suelo (IMS).
Según ha liberal 'La Razón' y ha confirmado Efe, la jueza ha sensato la incoación de diligencias previas y la citación como investigado de Ortega el 30 de noviembre, tras la querella presentada por el propio IMS, empresa pública dependiente del Junta de Móstoles, actualmente gobernado por PSOE y Podemos.
Asimismo tendrán que decidir como investigados Javier Díaz Tomasich, en su momento regente del IMS y ahora portavoz de Más Madrid en Collado Villalba, y el exinterventor del Junta de Móstoles Caín Poveda Taravilla, que fue cesado por el Gobierno municipal hace unos meses por "pérdida de confianza".
El origen de la querella se remonta a los primaveras en los que Ortega formó parte del Gobierno municipal, yuxtapuesto a PSOE e IUCM-LV, donde presidió el IMS entre 2017 y 2018, encima aceptar las responsabilidades de segundo teniente de corregidor y concejal delegado de Civilización, Bienestar Social y Vivienda.
Ortega entró al gobierno de coalición liderado entonces por David Lucas (PSOE), aunque tras la dimisión de Lucas y la investidura de Noelia Posse como alcaldesa, en febrero de 2018), Ortega mantuvo sus cargos hasta el final de la lapso.
La querella llegó luego de que el coetáneo Gobierno municipal, tras la salida de Más Madrid Triunfar Móstoles, encargara una auditoría externa para analizar las cuentas del IMS, que se encontraba en una situación delicada.
La auditoría, encargada por la coetáneo consejera delegada del IMS y concejal de Presidencia y Incremento Urbano, Marisa Ruiz (PSOE), afloró determinadas deudas de esta empresa, que obligó a reexpresar saldos en la contabilidad del prueba 2018 que, a su vez, afecta a los ejercicios 2019 y 2020.
Según la auditoría, tras la reformulación de la contabilidad, se dejó al descubierto una deuda con el Junta de Móstoles, único socio de la empresa, de "más de 56 millones de euros", lo que ha obligado al Consejo de Despacho del IMS a presentar un escrito de transigencia de preconcurso de acreedores.
"Ha quedado meridianamente claro que las cuentas del IMS, al menos desde el año 2011, no reflejaban la imagen fiel de la empresa, puesto que no se contemplaba la deuda millonaria con el Junta de Móstoles adquirida y mantenida por los anteriores responsables del PP y de Triunfar Móstoles", aseguraba Ruiz tras la presentación de la auditoría.
De esta guisa, señalaba directamente a la administración de Gabriel Ortega al frente del IMS, a quien incluso acusaron de negarse a auditar la empresa pública en 2018, como habría arreglado la alcaldesa Noelia Posse.
Tras conocerse su citación contencioso, Ortega ha escrito en sus redes sociales que "la verdad y la razón jurídica están de su flanco" y que todo "quedará demostrado al 100%", y que no se va a "arrugar" frente a quienes "gobiernan con las tripas y no con la cabecera",
"Será un placer acreditar en sede contencioso las falsedades de la reproche de Noelia Posse y sus mariachis, instrumentalizando una empresa pública para perseguir adversarios políticos. Se archivará y entonces, un boomerang se dirigirá alrededor de su mala cabecera (y conciencia)", dice Ortega en su cuenta de Twitter.
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