El Tribunal Superior de Razón de la Comunidad Valenciana, TSJCV, ha decidido pulsar a resolver a la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, como investigada (imputada) por la papeleo de su consellería para proteger a una beocio abusada sexualmente por su exmarido. La beocio estaba tutelada en un centro dependiente de la vicepresidenta valenciana y presuntamente la vicepresidenta encubrió a su exmarido. Oltra ha sido citada a resolver el próximo 6 de julio.
La Sala de lo Civil y Penal se declara competente para instruir la causa contra la incluso consellera de Igualdad y otros 13 investigados tras la exposición razonada remitida por el Supremo de Instrucción 15 de Valencia.
En un automóvil notificado este jueves, el Tribunal sostiene que la exposición razonada elaborada por el Supremo de Instrucción número 15 de Valencia relata “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o perfectamente de proteger a su entonces pareja (…) o perfectamente proteger la carrera política de la aforada”.
El TSJCV entiende por consiguiente que resulta procedente incoar diligencias previas “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha auténtico tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.
La Sala asume la causa en su integridad, es sostener, incluso en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”.
Como argumento sumarial, el tribunal del TSJ expone la contradicción de que, aunque los trámites que se realizaron desde la consejería una vez se conoció el caso de abusos no pueden entenderse como ilegales, en su conjunto les “hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto [...] ya de una muy dudosa licitud”. Encima, señala: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, pero considera que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.
“Puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a final en el seno de la Consejería, considerados en general y de una forma aislada, no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares”, dice el tribunal en el automóvil. Pero valora que “en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad”, sí llevan a sospechar “que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos”.
La osadía del TSJ se produce a petición del instructor que al ser Oltra persona aforada solicitó que fuera citada como investigada. Y se daba por hecho que sería citada tanto por la instrucción como por la exposición razonada de la fiscal conocida la pasada semana. En esta la fiscal Teresa Gisbert, progresista, defendía que "hubo un plan preestablecido para ocultar y desacreditar los abusos relatados por la beocio".
Mónica Oltra 
En su razonamiento, el profesión divulgado avalaba al TSJ para iniciar la imputación de la vicepresidenta valenciana por presuntamente no deber protegido a la beocio y apreciaba indicios racionales de hasta tres delitos en los que presuntamente habría incurrido la incluso portavoz del ejecutor valenciano:: prevaricación, cesión de menores y omisión del deber de perseguir delitos.
El TSJ intenta clarificar el papel de la conselleria de Oltra en la protección de la beocio que fue abusada por su exmarido, que fue condenado a cinco primaveras por abusos sexuales a una pupila de 14 primaveras. La instrucción del tribunal de Instrucción 15 apunta a que la beocio sufrió una desprotección porque nadie de la conselleria dio nunca credibilidad a la molesto denuncia. Esto fue en un primer momento, febrero y marzo de 2017. Sin incautación, cuando la Policía Autonómica conoce, casi por una casualidad, los hechos sí los puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
Tras la imputación de ocho cargos de la Conselleria, entre ellos Rosa Molero, directora caudillo de Infancia, de la máxima confianza de la vicepresidenta. El árbitro señaló en su día que tras la ejercicio de las diligencias, solicitud de información y declaraciones en sede sumarial, necesitaba que se imputara a Oltra para avanzar con las pesquisas del resto de encausados. Y este es el papel que ha asumido ahora el suspensión tribunal.
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