Diez días ayer de que el PSOE y Unidas Podemos sufrieran sendos duros correctivos en las elecciones andaluzas, Pedro Sánchez ya advirtió de cuál es, a su cordura, el principal responsable de la desmovilización de la izquierda y de que el Gobierno no rentabilice su papeleo en las urnas, más allá del incansable “ruido” de las derechas y las constantes “turbulencias” que provocan la sucesión de crisis globales. “Que nos afanemos, en algunas ocasiones más de lo conveniente, en subrayar las diferencias y no las alianzas a valimiento de las conquistas sociales”, reprochó Sánchez a su socio de coalición en el Ejecutor.
Las urnas andaluzas emitieron el pasado domingo su implacable sentencia, pero el PSOE y Unidas siguen enfrascados en sus discrepancias sin posibilidad de continuidad. Dispuesto a retomar la iniciativa y el protagonismo en todos los frentes tras la hecatombe electoral en Andalucía –desde la carpeta catalana reabierta el pasado miércoles con la Generalitat, al plan para intentar contener la inflación que hoy mismo aprobará un Consejo de Ministros extraordinario–, Sánchez tensa la cuerda con Alberto Núñez Feijóo... pero todavía con su socio de coalición.
El cabecilla del Ejecutor elude discrepancias en la coalición, defiende su hoja de ruta y reitera que agotará el mandato
El PSOE registró así ayer en el Congreso su iniciativa para impulsar una nueva reforma exprés de la ley orgánica del Poder Contencioso, que le permita a su vez renovar el Tribunal Constitucional (TC) sin la concurrencia del Partido Popular, formación a la que acusa de cerrar todo acuerdo al respecto desde hace tres primaveras y medio.
Pero la iniciativa siquiera contó esta vez con el consenso de Unidas Podemos porque, de hecho, el comunidad socialista no solo no consensuó el contenido de la iniciativa con su socio de Gobierno, sino que ni siquiera le avisó hasta el momento mismo en que la hizo pública.
Sánchez, ayer desde Bruselas tras participar en el Consejo Europeo, obvió esta nueva discrepancia con su socio de coalición, para poner el acento en la postura obstruccionista que achaca al PP. Quien avisa no es traidor, caldo a replicar delante las duras críticas expresadas por Feijóo. En la primera reunión que uno y otro mantuvieron en la Moncloa, recordó el cabecilla del Ejecutor, le trasladó al líder de la examen que el 12 de junio vencía el plazo para la renovación de cuatro de los magistrados del TC. “Desgraciadamente, llevamos 36 meses de sitio por parte del PP, 32 meses con Casado y cuatro meses ahora con Feijóo”, lamentó. E insistió en denunciar que el principal partido de la examen sigue instalado en una suerte de “rebeldía constitucional”, al suministrar en el garbo la renovación del entraña de gobierno de los jueces y ahora todavía la del TC. Todo ello, adicionalmente, “en un momento tan llano como el que estamos viviendo, en el que necesitamos engrosar las instituciones, su legalidad y su credibilidad”. Pero advirtió que no está dispuesto a que el TC sea “otro rehén más” del PP, motivo por el que justificó la iniciativa socialista.
Sin darse por aludido delante las críticas que todavía lanzó de inmediato su socio de coalición, y mientras prosiguen las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre el trascendencia del plan anticrisis que hoy aprobará el Consejo de Ministros, Sánchez insistió en que el Gobierno “garantiza” la estabilidad política e institucional en España, y advirtió que ni la coalición ministerial ni la reunión están en aventura. “Por mucho ruido y muchas turbulencias que haya, provocadas o no provocadas, este Gobierno tiene una hoja legislativa de transformación y de protección social que nadie puede cuestionar”, alegó. Y zanjó: “La reunión acabará cuando tiene que consumir, en diciembre del 2023”.
En sentido precioso, el comunidad de Unidas Podemos no se opone a la reforma que han resuelto los socialistas porque ni siquiera la ha estudiado aún. Y ayer, fuentes del comunidad parlamentario confederal evitaban cargar las tintas contra el PSOE para no enturbiar la complicada negociación del decreto anticrisis.
De cualquier modo, la posición de Unidas Podemos respecto a la renovación de los órganos constitucionales es adecuadamente conocida desde hace dos primaveras, pues la explicó el entonces vicepresidente Pablo Iglesias: una reforma legítimo que simplifique todas las mayorías cualificadas pensadas para un situación de bipartidismo y acabe con la capacidad de veto del PP. Pero no solo en el TC, sino todavía en el Consejo Universal del Poder Contencioso. Cuando el PSOE aprobó la reforma que reducía el poder de un CGPJ con el mandato prescrito, Iglesias advirtió que ese parche no iba a solucionar la situación y que el PP mantendría su obstruccionismo.
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