El Parlament de Catalunya lleva abriles librando su batalla particular con la constitución en materia de vivienda. La norma antidesahucios aprobada con los votos de ERC, Junts, PSC, comunes y CUP, y que entró en vigor en marzo, está ahora amenazada por el propio Gobierno central de socialistas y podemitas, que denuncia una invasión competencial en 8 de los 15 artículos de la ley y amenaza con llevarla al Tribunal Constitucional. Ambas administraciones han extenso negociaciones en la subcomisión de Alternativa de Conflictos para exceptuar el memorial de inconstitucionalidad. El plazo de negociación acaba el 7 de diciembre. La ley recuperaba medidas anuladas por el TC en el 2019, como la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables.
Nueva amenaza contra la ley catalana antidesahucios
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