Frente a la reaparición de la inflación el Porción de España recomienda insistentemente una política de rentas. Sus razones son de envergadura. En la contención de la inflación y en su reversión con destino a el 2%, las economías europeas se juegan mucho. En consecuencia, el BCE actuará dejando de inyectar solvencia a la caudal y aumentando los tipos de interés. Pero no será suficiente porque el incremento rudo de los precios se origina en perturbaciones de ofrecimiento. Como, adicionalmente, el endeudamiento conocido en España no es una variable que pueda dar más de sí, se sigue que el impacto sobre las rentas es forzoso. Si los diferentes sectores económicos no lo reconocen y pretenden contrarrestar el sensación de la inflación, el resultado será una precipitación de la hélice inflacionaria y una frustración generalizada. La mejor hoja de ruta es, pues, aceptar y coordinar el ajuste de rentas, y eso será mes posible, más justo y más puntual si toca a todo el mundo, aunque siempre es recomendable hacerlo teniendo en cuenta la situación económica de cada persona afectada.
Las rentas incluyen salarios, beneficios y las dependientes de los presupuestos públicos, como salarios públicos y pensiones. Cada una de estas categorías presenta una problemática propia, pero la de las pensiones es particularmente compleja. Me focalizo en ella.
Una pensión pública es un compromiso del Estado a proveer unos ingresos anuales a su receptor mientras viva. Típicamente, su nivel concreto estará combinado a contribuciones hechas durante la vida gremial. Hay modalidades diversas: los pagos públicos pueden ser en términos estrictamente nominales o pueden ser reales, es aseverar, indexados por el nivel de precios y por lo tanto inmunizados contra la inflación. Esta es la más frecuente. Pero se podrían concebir otras. Por ejemplo, pensiones que mejoraran en términos reales si la productividad de la caudal aumenta. En todo caso, en un Estado tolerante juicioso el compromiso conocido tiene que ser firme y veraz. Es esta consideración, potente, la que lleva a voces solventes a cuestionar la aplicación de la política de rentas en las pensiones y, como las pensiones españolas, aquí y ahora, son de la modalidad indexada, a insistir en que se precisa una aggiornamento que neutralice la inflación.
Se puede compatibilizar la lucha contra la inflación y el compromiso con el pensionista
¿Es un dilema insoluble? Creo que podríamos intentar gestionarlo apelando a la dimensión temporal. El control de la inflación, una enfermedad que si no se corta de raíz se convertirá en muy llano, no se puede posponer. En cambio, el compromiso del Estado con el pensionista es compatible con oscilaciones suaves pero que generen, en el tiempo, la media esperada que corresponde. Supongan que la inflación anticipada en un año determinado fuera del 5% y que pudiéramos creer en que con una política de rentas que las aumentara solo un 3% iríamos al año próximo al 2%, el nivel de inflación controlada que, de media, recomienda el BCE. En este caso, detalles separado, es plausible que nos pudiéramos permitir durante dos primaveras aumentar las pensiones un 3% y recuperar así lo que se ha perdido el primer año.
Remarco que solo sugiero que se puede compatibilizar la lucha contra la inflación y el compromiso con el pensionista. Cómo puedan transformarse los otros componentes de las rentas dependerá de si se recupera además la productividad de la caudal. Al final, es siempre la productividad.
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