A partir de hoy, 1 de julio, los dos módulos prefabricados en el que reciben clases los estudiantes de Can Vila, el centro de educación exclusivo de Mollet del Vallès, ya no pueden utilizarse. Un crónica de los estructuralistas indica que las grietas, causantes de las goteras, ponen en peligro la integridad de los ocupantes por lo que deben robar al desguace.
En estas aulas están escolarizados 70 alumnos, de 12 a 21 primaveras, con algún tipo de discapacidad, mayormente, autismo. Can Vila cuenta con otro centenar de alumnos, con discapacidades más graves, que están alojados en edificios de obra y módulos más nuevos. Esta escuela, de titularidad pública, es centro de relato en la comarca y los alumnos acuden desde 24 municipios distintos.
El crónica, solicitado por el Departament d’Educació y el Concejo del municipio, lleva vencimiento de abril, pero no ha sido hasta hace dos semanas que la conselleria comunicó al Concejo que no instalaría nuevos módulos este verano para comenzar en septiembre y que buscaría otra posibilidad, como la reubicación de estos alumnos en una o varias escuelas de inmaduro y primaria del municipio. Esta comunicación que el
municipio ha trasladado a las familias ha causado gran inquietud entre las mismas. La escolarización está asegurada pero les intranquiliza la posibilidad de que no continúen en su escuela y los problemas de acoplamiento que pudieran tener en caso de que fueran a otros centros, así como la posibilidad de perder las atenciones que ahora disponen.
El Concejo (gobernado por PSC-Podem) defiende que los alumnos, que por sus características, son vulnerables a los cambios, deben continuar en el centro y que Educació debería renovar los dos módulos como propusieron en el mes de abril frente a la constatación de su caducidad. “No es de recibo que hace dos semanas comunicaran a la alcaldesa –Mireia Dionisio– que, en efectividad, no han hecho nulo desde abril y que ya no les da tiempo, por trámites burocráticos, instalar poco nuevo para comenzar el curso”, explica el regidor de Educación, Raúl Broto. Por ello el Concejo está decidido a presentar una demanda contenciosa administrativa pidiendo al árbitro unas cautelares de necesidad para solucionar el próximo curso escolar.
Las explicaciones que han recibido por parte del Consistorio es que necesitan una autorización de Incasòl, propietaria del ámbito, para poder iniciar los trámites de la operación, que deben estar tres meses en exposición pública. “Pero cuesta creer que no se puedan activar estos trámites por cuanto Incasòl es un organismo de la Generalitat”, apunta el regidor.
La última propuesta de la Generalitat, según el municipio (Educació no pudo contestar ayer a la demanda de La Vanguardia ), es distribuir a los alumnos entre los centros de primaria (los institutos están saturados) o concentrarlos en una escuela de primaria que ha perdido una ruta por lo que cuenta con aulas desocupadas y espacios comunes con posibilidad de habilitarse. Para Broto, ninguna de estas dos soluciones convence por cuanto la primera disgrega los bienes materiales (las sillas de ruedas, por ejemplo) y los humanos. En cuanto a la segunda, la incorporación de 70 personas de coscorrón en un centro ordinario de alumnos de edades de 3 a 12 primaveras, entrañaría una gran dificultad, encima de que se ocuparían para aulas espacios que ahora son comunes.
Can Vila nació como una casa de colonias. En 1991 fue comprada por el Concejo y se destinó a centro de educación exclusivo. Oportuno a la exigencia creciente de escolarización en la comarca, la Generalitat amplió el espacio en el 2002 con dos módulos prefabricados que instaló sobre la superficie que había ocupado una piscina. En el 2015, compró dos más.
Las primeras actuaciones en la ventilación de los cimientos de la estructura más antigua se produjeron en el 2017. Entonces, el coste fue asumido por el municipio. La revisión en marzo de este año condujo al crónica de abril que determina que la estructura, tras 20 primaveras, está en quebranto técnica.
El municipio, que lleva la encargo, amenaza con ir a los tribunales para que resuelvan la necesidad
Legado que hoy residen en Mollet 46 de los 160 alumnos en total y que la encargo es accidentada (el valía por los salarios llega cada cuatro meses cuando las nóminas se pagan al mes lo que causa problemas de gerencia), la alcaldesa ha enviado una carta al conseller Josep Gonzàlez-Cambray en la que le pide que asuma la titularidad de la actividad educativa.
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