Inflación y fiscalidad

Una parte importante de las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno para guerrear contra la inflación son ayudas, directas o indirectas, a los ciudadanos (rebaja al gasóleo, reducción del IVA, bono de 200 euros, ayudas al transporte, incremento del ingreso exiguo vitalista, etcétera­).

Como ayudas que son, su coste lo pagamos a través de los impuestos. Por ello, éstas requieren un minucioso estudio.

En una situación como la flagrante, no hay mejor valor que un pacto de rentas

En este contexto, creo que coincidiremos en que los principales beneficiarios han de ser las personas vulnerables, esto es, aquellas en aventura de omisión social.

Pues proporcionadamente; una ayuda militar, como la rebaja del gasóleo, es una medida no selectiva y regresiva al no discriminar en función de la renta de su beneficiario.

Lo mismo ocurre con la reducción del IVA a la electricidad y con las ayudas al transporte.

En cuanto al bono de 200 euros, se prostitución, en ingenuidad, de una ayuda que no se dirige a los supuestos de omisión social, entendiendo como tales los beneficiarios del ingreso exiguo vitalista, sino a las rentas inferiores a 14.000 euros siempre que no perciban el cuantía de dicho ingreso. Se prostitución, por consiguiente, de una medida selectiva, pero no progresiva, cuya única defensa es el nivel de rentas, pero no su vulnerabilidad en sentido “precioso”.

En este sentido, la medida más lucha hubiera sido deflactar la tarifa del IRPF con pertenencias inmediatos a través de la disminución de los tipos de retención; medida que, por otra parte de ser progresiva, contribuye a no empobrecernos más a consecuencia de la inflación. No en vano, la inflación afecta a todos.

No olvidemos que el Gobierno se está beneficiando de la cobro ‘caída del Gloria’ consecuencia de la inflación, y cuyo destino ha de ser, además, cubrir el anciano desembolso sabido que el Estado ha de afrontar.

Vinculado a este extremo, sorprende el silencio sobre él. El Estado, recordémoslo, tiene la obligación de gestionarlo con criterios de eficiencia, obligación que incumple sistemáticamente, y que exige el replanteamiento de muy diversas cuestiones, entre otras, la colaboración público-privada, la eficiencia en su diligencia, su operatividad, etcétera. La ejemplaridad es sin duda la medida más eficaz que se puede adoptar.

Pero, por otra parte, en una situación de incertidumbre como la flagrante, no hay mejor valor que un pacto de rentas entre todos los agentes sociales y económicos, pacto que ha de incluir al sector privado y al sabido.

No olvidemos, siquiera, que una parte importante de las dificultades que autónomos y pymes están hoy sufriendo obedecen a la inacción del Gobierno con relación a los déficits económicos que azotan a diferentes sectores; déficits cuyo origen son los deberes no hechos tras la crisis del 2007 y la de la covid.

En definitiva, unas medidas precipitadas y populistas, muy remotamente del que ha de ser el objetivo: enderezar la patrimonio y darnos la confianza y la seguridad que los ciudadanos no tenemos.