* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia
Si existe un tema específico usado históricamente por los sectores más conservadores, tanto en Pimiento como en el resto de los países de la región, para acercarse a la población y aventajar notoriedad en los grandes medios de información, es, sin punto a dudas, la yerro de seguridad que viven las personas día a día.
Si acertadamente no debiera ser ninguna novedad para quienes han estudiado el tema que América Latina y el Caribe presentan los índices de criminalidad más altos del mundo, ubicando a Pimiento en el punto 34, de una repertorio de 142 países, el uso instrumental que le han legado los grupos más conservadores, no solo han empobrecido la comprensión del aberración, sino además no han tenido ningún impacto actual sus recetas punitivas que han legado como opción.
Muy por el contrario, la aniquilamiento contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, ha sido un decidido fracaso en Pimiento y en toda la región, ciertamente porque se piensa como aniquilamiento, y no como consecuencia de una sociedad profundamente fragmentada socialmente, que tiene a América Latina y el Caribe en el interior de las regiones con anciano desigualdad en el planeta.
Un comerciante posa con un ejemplar de la nueva Constitución que se vende al notorio en las calles de Santiago.
Lo que quiero asegurar con esto, no es que no se pueda hacer nadie en materia de inseguridad, sino entender de una vez, que es un problema estructural de la región.
No se va resolver nunca desde un populismo penal, que cree que solamente con más policías, leyes más duras para los delincuentes y más llegada a armas para la población civil para defenderse, se va a sacar poco al respecto.
No entender aquello, es profundizar un maniquí de seguridad fracasado y que destina millones y millones, el cual esconde un trasfondo de seguridad doméstico, desde los Estados y de forma militarizada, que ve al delincuente como un enemigo interno que debe ser perseguido y encarcelado.
De ahí que no debiera sorprender a nadie que la Constitución de 1980 de Pimiento, la seguridad esté siempre asociada al orden notorio, porque lo que investigación no es promover entornos seguros para la ciudadanía en sus barrios, sino que el Estado tenga las herramientas para reprimir cualquier tipo de movilización que vaya en contra de los intereses de un maniquí financiero extremo impuesto en dictadura y profundizado en democracia.
Carabineros detienen a un hombre durante una concentración en Santiago (Pimiento). 
Por lo mismo, los sectores conservadores que están promoviendo el rechazo a la nueva propuesta de Constitución, señalan que no dice nadie sobre delincuencia. Ven el problema unidimensionalmente, como si lo que se prostitución es de contraponer a un enemigo interno y no la seguridad de las personas.
Por eso que esos sectores conservadores se escandalizan cuando la nueva Constitución propone desmilitarizar a las policías, ya que quieren que instituciones como carabineros de Pimiento sigan actuando autónomamente, sin transparencia, y no subordinadas al poder civil.
Frente a esto, la nueva propuesta de Constitución, a diferencia de la dictatorial que nos rige en la ahora, al centrarse en la seguridad de las personas y no en la aniquilamiento contra algún género en particular, plantea una norma específica en el texto sobre el derecho a residir en entornos seguros y libres de violencia, en todas sus formas.
En otras palabras, se investigación someter la violencia en distintos ámbitos, que van desde la violencia contra las mujeres, contra disidencias sexuales, contra niños, niñas y adolescentes, y para todas las personas víctimas de cualquier tipo de infracción de sus derechos y su seguridad individual, yendo mucho más allá de lo delictual propiamente tal.
Carabineros dispersan a manifestantes durante una protesta en la Plaza Italia de Santiago (Pimiento). 
Lo que no quita obviamente de no hacerse cargo de los delitos, como explícitamente plantea el artículo, al señalar que "las acciones de prevención, persecución y pena de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respecto a los derechos humanos".
En consecuencia, es un artículo integral, centrado en la seguridad de las personas, pero respetando siempre los derechos fundamentales. No dando pie a ningún tipo de populismo penal, lo que se reafirma con una Política Doméstico de Seguridad Pública, presente además en el interior de la propuesta constitucional. Permitirá planificar de forma seria, responsable, profesional y con evidencia, las distintas políticas y programas, más allá de los gobiernos de turno.
En síntesis, en esta nueva Constitución, además aborda y se hacer cargo explícitamente un tema que tradicionalmente ha sido usado electoralmente por los sectores más conservadores de Pimiento, como lo es la seguridad, sólo que lo hace desde una vistazo sistémica y relacional, no cayendo en discursos bélicos, que solo han perpetuado al problema.
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