Las propuestas de Sánchez en el debate del estado de la nación han generado un relativamente amplio consenso acerca de su desidia de fuerza para frenar la ascensión de precios. Pero que el consenso sea común, no implica que se acierte en el dictamen. Porque aunque en parte la inflación que padecemos traduzca aumentos de demanda interna, la responsabilidad de ésta en las alzas de precios en España o en la eurozona ha sido modesta. De hecho, hasta marzo pasado, la juicio del BCE sobre el carácter transitorio de la inflación expresaba, a diferencia de lo que sucedía en los EE.UU., la partida de tensiones salariales internas.
Su naturaleza es, básicamente, importada, como lo muestran las súbitas alzas de energía y alimentos a partir del inicio de la lucha en Ucrania. Y, si procede del extranjero, poco podemos hacer: para satisfacer las crecientes facturas de energía, metales y alimentos, hay que transferir más renta al resto del mundo. Es opinar, aceptar que somos más pobres. Y cuanto ayer lo hagamos mejor afrontaremos el futuro.
La UE apunta a aceptar el ruina y aliviar la carga sobre los más débiles
Pero si con relación al IPC hay poco beneficio, no sucede lo mismo respecto de quien paga qué parte de la realización de esta crisis, aunque siquiera ahí la capacidad es ilimitada. El Ecofin (los ministros de hacienda de la UE) acordó esta semana que, aunque se posponga la recuperación del Pacto de Estabilidad, hay que comenzar la consolidación fiscal: los elevados niveles de deuda pública en el sur, y los problemas que podría implicar para el euro, no permiten muchas alegrías de compra.
Y ahí entramos en la segunda parte de las críticas a las medidas, adoptadas o en proceso de implementación: la redistribución de los costes del endurecimiento de la situación. El consenso social apunta a que aquellos con más fortuna contribuyan con una parte viejo al ineludible ajuste, y el silencio de la concurso sobre las nuevas cargas fiscales a bancos y energéticas así lo expresa; pero se reprocha al Gobierno la partida de instrumentos que mitiguen el damnificación de la capacidad de operación de las capas medias, actualizando la tarifa del IRPF entre otras posibles medidas.
Sede del Costado Central Europeo (BCE) en Frankfurt
¿Tempestad perfecta? No lo sé. Pero si sé que afrontamos una endiablada situación en la que se combinan fragilidad de las finanzas públicas, alzas de tipos de interés, desigual distribución del ingreso, inflación trepidante, ruina del país y lucha no se sabe hasta cuando. Por ello, las recomendaciones del Ecofin apuntan a medidas que protejan sólo a los colectivos de menores ingresos, eviten topar los precios y tengan plazo de caducidad. Políticas, en suma, que obliguen a aceptar nuestro ruina y desplacen, al resto de la sociedad, parte de la carga sobre los que menos tienen. Cuadrar estos aspectos implica que ni pueden ser indefinidas ni universales: difícil encaje para cualquier gobierno.
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